La Asamblea descabeza al correísmo de Participación
Con 84 votos se censuró a Tuárez, Gómez, Chalá y Desintonio
Destitución y censura en combo. La Asamblea Nacional, con 84 votos afirmativos, cesó en funciones a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez.
El primero fue destituido por el uso de documentos falsos para su candidatura y por aprobar la conformación de una comisión para revisar la elección de los miembros de la Corte Constitucional. Este último alegato fue utilizado para censurar a los otros tres.
Ni el recordatorio que sonaba a una amenaza velada les salvó. La Asamblea Nacional censuró y destituyó ayer al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Tuárez; a la vicepresidenta, Rosa Chalá y a los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez.
Para cesar en funciones a los cuatro interpelados eran necesarios los votos de 70 legisladores, es decir de la mayoría absoluta del Legislativo. Sin embargo, la moción de censura y destitución propuestas por la asambleísta Jeaninne Cruz, del movimiento CREO, logró 84 voluntades.
Solo el bloque de la autodenominada revolución ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, que celebró y aplaudió las intervenciones de los interpelados, votó en contra de esta resolución.
La jornada de ayer fue maratónica. A los legisladores les tomó nueve horas procesar el juicio político. El primer paso fue leer el informe de casi un centenar de hojas elaborado por la Comisión de Fiscalización con base en los argumentos que presentaron los interpelantes Raúl Tello (Bloque de Acción Democrática Independiente), Fabricio Villamar (Ahora) y Cruz.
Luego llegó el turno de defenderse de Tuárez, al que la Asamblea se encargó de recordarle, cada momento, su calidad de fraile. El religioso dijo haber sido víctima, desde el momento de su posesión en el CPCCS, de una campaña sistemática de desprestigio, ridiculización y linchamiento mediático.
“Hay un sentimiento de desagrado gratuito en mi contra”, dijo Tuárez, quien se mostró menos desafiante que cuando acudió a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, a inicios de julio, cuando a los pocos minutos de llegar se levantó, dejando a los legisladores con la palabra en la boca, porque, según él, no era sujeto de fiscalización.
Dijo que antes de ser fray, musulmán, budista o cristiano es un ciudadano y que bajo esa premisa participó como candidato al CPCCS. Esto para refutar la acusación de que su condición de religioso le impedía aspirar a un cargo de elección popular. De las tres horas que tenía para defenderse, Tuárez ocupó 45 minutos.
Después llegaron los ‘recordatorios’ de los procesos internacionales que afronta el país por supuestamente irrespetar el debido proceso. Descalza subió al estrado la vicepresidenta Chalá. Dijo que se presentaba así para rendir un homenaje al pueblo afroecuatoriano y por las luchas sociales que se hacen a pie. También se declaró perseguida política y aseguró que, en escasos dos meses, era imposible haber incumplido funciones, que es de lo que se la acusó. “Esto será elevado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, advirtió.
La consejera Victoria Desintonio arrancó su defensa hablando de las cifras de pobreza y baja popularidad del presidente Lenín Moreno. Fustigó al actual contralor, Pablo Celi, al que acusó de ser el “perseguidor y verdugo” de los disidentes de Gobierno y de no investigar las denuncias sobre INA Investment.
“Como no ganaron sus candidatos, entonces se inventaron cualquier cosa para llevarnos a este juicio político y repartirse el país. Pero el Ecuador ya cambió y no somos hacienda de nadie”, señaló la consejera, coincidiendo sus expresiones con las de varios líderes de la revolución ciudadana.
Más técnica, pero sin dejar de recordar la posibilidad de demandar al Estado ecuatoriano, fue la defensa de Gómez, quien presentó un certificado de la Corte Constitucional (CC) que avalaría que no desacató la resolución emitida en mayo pasado por los jueces constitucionales sobre la prohibición de revisar las actuaciones del Consejo de Participación transitorio.
Ninguno de los argumentos fue suficiente y pesaron más las acusaciones de Tello y Villamar sobre una falta de probidad de Tuárez, sumada a un incumplimiento de funciones que habría cometido junto al resto de consejeros.
La censura y destitución de los cuatro consejeros plantea un proceso de reestructuración al interior del CPCCS. Eso incluye el ascenso de igual número de suplentes y una nueva elección de presidente y vicepresidente del organismo.