Diario Expreso

Participac­ión: dos meses de una gestión desabrida

Seis resolucion­es en dos meses dejó la presidenci­a de Tuárez ❚ El nuevo Consejo podría revisar lo actuado por los censurados

- CARLOS ROBERTO RUEDA ruedac@granasa.com.ec ■ QUITO

El “no nos dejan trabajar” fue tomado de forma literal. La mayoría que dominó el Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social (CPCCS), por 62 días, se va dejando cifras bajas de productivi­dad, tanto en lo administra­tivo como en las funciones propias del organismo.

En este tiempo, el Consejo celebró ocho sesiones de pleno en las que la tónica fue la confrontac­ión entre la mayoría conformada por el entonces presidente, Carlos Tuárez, la vicepresid­enta, Rosa Chalá, y los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez con la minoría encabezada por María Fernanda Rivadeneir­a, Sofía Almeida y Christian Cruz.

Esa pudo ser una de las razones para que en dos meses solo existan seis resolucion­es aprobadas. Todas referidas al nombramien­to de funcionari­os como el secretario general del organismo y la propia nominación de Tuárez y Chalá como los principale­s directivos de este organismo.

La otra resolución que aprobaron, y a la postre fue la que les costó la censura y destitució­n en la Asamblea Nacional, el miércoles pasado, fue la creación de una comisión especializ­ada para revisar el proceso administra­tivo para la conformaci­ón de la Corte Constituci­onal.

Esa no aparece en el sistema del CPCCS. Los exconsejer­os decidieron retirar la moción de creación de esta instancia aunque la figura que debían aplicar es la reconsider­ación. Por eso, para el asambleíst­a Raúl Tello, que fue uno de los interpelan­tes en el juicio político contra Tuárez y los demás consejeros, esta resolución estaría vigente.

En la parte administra­tiva la actividad fue aún menor. En el sistema del Servicio de Contrataci­ón Pública (Sercop) no se refleja ningún tipo de proceso iniciado o ejecutado. La última factura que pagó el CPCCS tiene fecha de 12 de junio, un día antes que se posesionen, y correspond­e a la gestión del Consejo transitori­o.

La consejera Rivadeneir­a reconoció que durante este tiempo se pudo aprobar muy poco a nivel del pleno, aunque aseguró que su consejería hizo un trabajo interno que será propuesto a los nuevos integrante­s del CPCCS.

Sin embargo, Almeida señaló que lo poco que pudieron aprobar los integrante­s de la mayoría depuesta podría ser revisado una vez que asuman la titularida­d los cuatro consejeros suplentes.

“Hay muchas actas que no han sido todavía aprobadas, también hay que tomar decisiones con respecto a eso. No olvidemos que las decisiones y el orden del día ya venían establecid­os, no se invitó nunca a los consejeros de minoría a participar de eso”, dijo Almeida.

Tuárez siempre se justificó aduciendo que era víctima de una persecució­n desde la Asamblea, la Fiscalía y el Ministerio de Economía que no permitían el trabajo y cumplimien­to de atribucion­es.

Pese a esa supuesta persecució­n, la entidad logró gastar más de un millón de dólares en dos meses. (ver cuadro)

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