El derecho a la reunión se suspende por 60 días
Los policías y militares requisarán objetos que cierren las vías ❚ Finanzas destinará recursos, excepto los de educación y salud
Las aglomeraciones y reuniones durante las 24 horas del día quedaron suspendidas desde ayer con la puesta en vigencia del estado de excepción que fue decretado por el presidente Lenín Moreno para enfrentar las protestas populares.
La Constitución establece tres causas para decretar este tipo de declaratoria: cuando se producen conflictos armados internacionales o internos, calamidad pública o desastre nacional o grave conmoción interna. Las autoridades consideran que esta última justifica la decisión presidencial.
El estado de excepción durará 60 días con posibilidad de que se extienda por 30 más. En ese tiempo el presidente podría suspender o limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia; la libertad de información, de asociación y reunión, y de libre tránsito.
Según el decreto firmado ayer por Moreno, solo los dos últimos derechos se verán afectados. Por un lado, se suspende, a nivel nacional, la posibilidad de que los ciudadanos se reúnan, especialmente cuando existan indicios de que el grupo puede querer atentar contra los derechos de las demás personas.
En tanto que la libertad de tránsito quedó limitada siempre y cuando represente un peligro de actos vandálicos que puedan afectar a terceras personas. De esta disposición quedan exentos el transporte público administrado por entidades estatales, así como los vehículos del sector salud, riesgos y emergencias.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo ayer que con el estado excepción se busca establecer líneas de acción entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que entran a operar únicamente cuando se rompa el orden vigente. “El estado de excepción presupone garantizar el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas de la población. Lo que se refiere a su movilidad, derechos y libertades no tienen ninguna restricción”, señaló Jarrín.
El documento firmado por Moreno dispone que la misión de restablecer el orden público está en manos, en primer lugar, de los policías y la actuación de los militares será complementaria, como establece el marco legislativo vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó ayer que el decreto del presidente también permite a los policías y militares hacer requisiciones de camiones, buses y todo tipo de elementos que se encuentren obstruyendo las vías.
La Carta Magna señala que una vez decretado el estado de excepción, el presidente puede decretar la recaudación anticipada de tributos; disponer censura previa en la información de los medios de comunicación, siempre y cuando tenga relación con los motivos de la declaratoria o disponer el cierre y la habilitación de puertos y aeropuertos.
También está en la potestad de trasladar la sede del Gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, aunque ninguna de estas disposiciones se encuentra señalada en el documento firmado ayer.
Sí dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas destine los recursos suficientes para atender la situación de excepción, pudiendo disponer de los fondos públicos que estaban destinados para otros fines, con excepción de los previstos para salud y educación.
El presidente Moreno tiene hasta mañana para notificar a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional sobre su decisión. También a los organismos internacionales que corresponda. La Función Legislativa podrá revocar el decreto en cualquier momento, sin necesidad de esperar que la Corte califique su constitucionalidad.
El presidente de la República también podrá dar por terminada la disposición si las amenazas por las que se declaró la excepción han desaparecido, previo a entrega de un informe.
LAS FRASES
' El propósito es evitar que las amenazas se extiendan a otros objetivos estratégicos.
OSWALDO JARRÍN ministro de Defensa '
' La excepción no restringe derechos, por el contrario devuelve los derechos de los ciudadanos.
MARÍA PAULA ROMO ministra de Gobierno '