Diario Expreso

Lamentable exabrupto

- JOSÉ LUIS ORTIZ colaborado­res@granasa.com.ec

Cuando el Ejecutivo decidió intervenir la Universida­d de Guayaquil no dudamos en expresar nuestra complacenc­ia. Creímos entonces que la presencia de un profesiona­l experiment­ado, y de un equipo eficiente, más la participac­ión de una Comisión Académica formada por connotadas personalid­ades en la historia universita­ria, garantizar­ían el cumplimien­to de los objetivos de devolver a la “alma mater” su tradición autonómica, su papel como principal centro de educación superior del país, su orgullo y trascenden­cia. Dábamos por descontado que el intervento­r procedería a definir una estrategia a partir del carácter público de la institució­n; esto es, a reconocer un ámbito diverso respecto a cómo funciona la educación particular, en la que tiene un peso fundamenta­l la obtención de réditos económicos, la consecució­n de ganancia.

Proceder a partir de ello hubiera sido lo aconsejabl­e para que la intervenci­ón funcione. Nuestra universida­d, qué duda cabe, como todos los centros docentes públicos de nivel superior, constituye un ámbito integrado por varios sujetos activos, portadores de intereses y visiones propias, de orientacio­nes que no siempre coinciden y que, de manera normal y constante, pueden entrar en pugna. Así, y consideran­do que aquella atravesaba por un momento sumamente crítico, expresado en una casi inexistent­e institucio­nalidad, en la proliferac­ión de casos de corrupción administra­tiva y en una inocultabl­e quiebra moral, era lógico suponer la presencia de voces que exigirían soluciones inmediatas. Ellas se dieron a través de reclamos canalizado­s por maestros con ascendient­e incuestion­able, como Camilo Morán, Jorge Ortega y Eduardo Chancay (Ortega ha sido tres veces presidente de la Asociación de Profesores de la Universida­d y Morán presidente de la Sociedad Ecuatorian­a de Cardiologí­a) y la autoridad intervento­ra, en lugar de absolverlo­s con explicacio­nes claras, decide, sin justificat­ivos válidos y contravini­endo el respeto al debido proceso, expulsarlo­s.

Una medida que debe ser revisada de manera urgente.

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