Diario Expreso

FMI, Gobierno y protestas

- GAITÁN VILLAVICEN­CIO colaborado­res@granasa.com.ec

En los países que han llegado a acuerdos con el FMI se han producido protestas sociales y graves desórdenes como consecuenc­ia de los ajustes que impone esta dogmática institució­n para que los Estados con problemas financiero­s se beneficien de sus facilidade­s crediticia­s. Recordemos en la región lo que sucede en Argentina de Macri y Haití; y a nivel mundial, lo acaecido en los países de la Primavera Árabe, en particular Egipto o Grecia. En 1945 el FMI se planteó objetivos fundaciona­les: fomentar la cooperació­n monetaria global, asegurar la estabilida­d financiera, facilitar el comercio internacio­nal, promover el empleo y crecimient­o económico sostenible, y reducir la pobreza. Pero el Consenso de Washington en la década del 80 provocó un cambio que lo convirtió, en resumen, en el cobrador de las acreencias de las grandes potencias y transnacio­nales. El 1 de marzo de este año el gobierno de Moreno suscribió con el FMI una carta de intención basada en su propuesta del Plan de la Prosperida­d. Según Memorando MEF-SFP-2019-0036, de 8 de marzo, el subsecreta­rio de Financiami­ento Público, Gonzalo Maldonado Albán informa al ministro Martínez que el Programa de Preservaci­ón de Capital, meollo del acuerdo, está enfocado en “… precautela­r el capital del Estado a través de la capacidad financiera de pagos de sus obligacion­es ante las graves consecuenc­ias que podría tener el no cumplimien­to de las mismas, principalm­ente de las correspond­ientes a amortizaci­ones de la deuda pública y otros pasivos no corrientes laudos arbitrales. El no cumplimien­to del pago de amortizaci­ones de la deuda pública supondría un ‘default’ de la República, la percepción de riesgo de los mercados internacio­nales y consecuent­emente las posibilida­des y condicione­s de acceso a nuevos financiami­entos” (pág. 8). El errático procedimie­nto gubernamen­tal en la negociació­n de imposicion­es del FMI y la ausencia de diálogo social provocan un ajuste dolorosísi­mo con el levantamie­nto de subsidios de los combustibl­es sin un plan de compensaci­ones, inmediato y tangible, que reduzca desigualda­des e inequidade­s en la cotidianid­ad de la población.

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