Un país de la regalada gana
No quiero aparecer como aguafiestas de las celebraciones de los indígenas ecuatorianos pero, pienso que en relación a lo recientemente ocurrido deberíamos estar tristes.
La imagen generada durante los días de conflicto es la de un país donde todo el mundo hace lo que le da la regalada gana y no hay quién pare el atropello a la ley.
Me parece insultante a la majestad del poder un toque de queda en el que se siguen dando actos de vandalismo sin posibilidad de sancionar a quienes los cometen porque las así llamadas, fuerzas del orden, salen a la calle a intentar recuperarlo pero sin portar, siquiera, balas de salva.
¿Por qué se permitió la paralización de los servicios públicos sin aplicar lo que determinan las leyes de la República?
Si los grupos indígenas se habían desmarcado claramente de los actos vandálicos, ¿por qué se toleró que se sigan dando y no se reprimió con fuerza a los grupos que mantenían su actitud violenta? Si se denunció la presencia de agitadores extranjeros propiciando desmanes en nuestras calles, ¿dónde están los capturados acusados de terrorismo?
¿Cómo puede ser que se incendie el edificio de la Contraloría en Quito y el asunto pase a ser parte del tragicómico folclor nacional sin que se establezcan las respectivas responsabilidades? ¿Cómo puede ser que se intente quemar medios de comunicación colectiva y luego estos tengan que reseñar los festejos de los que olvidaron las ofensas a la que sometieron a la capital de los ecuatorianos?
Sin cálculo de naturaleza alguna que no sea lo que creo más conveniente para el interés nacional, me permito señalar que lo recientemente sucedido en el Ecuador amerita un serio y profundo análisis. Se está fallando en el cumplimiento de los deberes primordiales del Estado. No únicamente fue la mesa la que no quedó servida: la década infame desnaturalizó también la trama institucional y llenó de temores la acción de la fuerza pública. A ella hay que devolverle capacidad de actuar, retornándole las labores de inteligencia. Por el estilo, debería aprovechar el Gobierno para retomar el timón de la República.
Es obligatorio, para que lo sucedido no se repita, establecer responsabilidades por acción u omisión’.