Correa, empeñado en dilatar la audiencia por el caso Sobornos
Recusaciones y pedidos de diferimiento marcan primera jornada de la diligencia ❚ Los abogados del correísmo cuestionan la competencia de jueces y fiscales
Una diligencia que corre el riesgo de no quedar en nada. En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló ayer la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en el que se investiga a altos funcionarios del anterior Gobierno por presumiblemente recibir aportes irregulares para las campañas electorales de Alianza PAIS (AP).
La diligencia inició con algunos traspiés que no quedaron resueltos de todo. Pese a aquello, la jueza de la CNJ, Daniella Camacho, decidió continuar con el proceso, en el que están involucrados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, junto a 23 personas más.
Fueron los abogados de los tres exfuncionarios los que más se empeñaron en dilatar la instalación de la audiencia. Correa, a través de su defensor Fausto Jarrín, pidió que se difiera bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado notificó la tarde del miércoles su decisión de abstenerse de acusar a Ítalo Centanaro y Francisco Noboa.
Esto, según Jarrín, no les había dado el tiempo suficiente para revisar los argumentos de la abstención que podrían ser usados en la defensa del exmandatario, que está radicado en Bélgica. Camacho no dio paso al diferimiento, pero sí concedió una hora a los abogados para que revisen los documentos.
Superado ese punto, la jueza dio paso a la fase de evaluación de vicios de procedimiento. Esta fue aprovechada por los juristas para poner en tela de duda la competencia de la fiscal general, Diana Salazar, y de la propia Camacho para dirigir la audiencia. Ambas fueron recusadas por Mera, Correa y Vinicio Alvarado Espinel.
Al respecto, la jueza de la Corte Nacional dijo que, salvo por la información recogida por los medios de comunicación, todavía no llegaban a conocimiento suyo las demandas de recusación. Tampoco han sido
sorteadas y, por lo tanto, no ha sido citada. “Sigo siendo la jueza garantista”, dijo.
Por su parte, a inicios de octubre Mera pidió al fiscal subrogante Wilson Toainga que separe del caso a Salazar. La razón es que la funcionaria, cuando se desempeñaba como fiscal de Pichincha, denunció al exsecretario jurídico de la Presidencia por una supuesta intimidación. “El 2 de octubre (Mera) recibió respuesta y la fiscal general en funciones es la que conoce la causa”, argumentó Salazar en la audiencia.
Los alegatos de los acusados continuaban hasta el cierre de esta edición, con la expectativa de que en cualquier momento llegue la citación por la demanda de recusación en contra de Camacho.
LA FRASE
Si no se evacúan los recursos, se genera un riesgo procesal para todos, incluso el Estado. VANESA ZABALA, abogada defensora