La paralización petrolera va a juicio la próxima semana
El legislador Poma y el prefecto Chávez pueden enfrentar 3 años presos
La audiencia de juzgamiento directo en contra del asambleísta por Sucumbíos, Yoffre Poma, y el prefecto de esa provincia, Amado Chávez, acusados de paralizar un servicio público, quedó diferida para el jueves 24 de octubre.
La diligencia debía realizarse ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en donde se está desarrollando la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, pero fue aplazada.
El jueves próximo también se resolverán los pedidos de sustitución de la medida de prisión preventiva, que fueron solicitados por Chávez y Reinaldo Gómez, otro de los detenidos en este caso.
La detención se produjo el 7 de octubre pasado en medio de las violentas protestas que sacudieron al país, con afectación a infraestructuras del Estado.
Como informó EXPRESO, ese día los sospechosos habrían ingresado violentamente a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, cantón Nueva Loja (Lago Agrio).
Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio del área estratégica y ocasionó un perjuicio económico al Estado de 1’723.918,72 dólares.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de uno a tres años.
La empresa pública Petroecuador presentó ayer una acusación particular en contra de los implicados, solicitando que se investiguen sus actos. Se hizo el reconocimiento de firmas.
PARA SABER
Qué pasó
Poma y Chávez fueron detenidos la noche del 7 de octubre en delito flagrante tras liderar la toma, por parte de unas 130 personas, del campamento Sote.
Perjuicios al Estado
Hasta $ 1,7 millones.
Fuero de corte
El caso debe llevarse en la Fiscalía General del Estado. La única excepción para el juzgamiento de asambleístas es la flagrancia. Ante la Corte Nacional.