Este viernes se definirá si la jueza Camacho sigue con el caso Sobornos
Defensores de Correa y Alvarado pidieron que sea separada del caso
Dos incidentes procesales suspendieron la competencia de la jueza nacional Daniella Camacho en el caso Sobornos 20122016 que investiga los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a la campaña de Alianza PAIS.
Las defensas de Vinicio Alvarado y del expresidente Rafael Correa recusaron a la jueza y pidieron que sea apartada del conocimiento del caso que investigó a 26 personas, entre funcionarios y empresarios.
Camacho fue notificada ayer con el sorteo de las recusaciones que serán conocidas el conjuez
Wilman Terán (quien actuará por licencia concedida al juez Iván Saquicela que se encuentra en México) y el juez nacional Marco Rodríguez.
El Código General de Procesos (Cogep) establece plazos para la recusación. Dice que cuando el juez es citado, se suspende su competencia. Señala que la admisión a trámite debe realizarse en tres días. Dispone que la audiencia debe ser convocada máximo en cinco días.
Y las recusaciones se resolverán el viernes a las 09:30 y a las 12:30 en la Corte Nacional. Ese día a la jueza Camacho le tocará defenderse de las acusaciones de los abogados. Si es que se aceptan se anula la audiencia instalada el jueves y debería convocarse a una nueva, señala el abogado
Carlos Alvear. Si la resolución es negativa, Camacho retoma la competencia y la capacidad de reinstalar la diligencia.
Hasta tanto el proceso estará en suspenso pues con el sorteo y notificación el proceso queda fuera de su conocimiento. En la reinstalación se espera un pronunciamiento sobre los pedidos de nulidad que hicieron los abogados. Dos imputados no recibieron acusación fiscal.
También está previsto que la fiscal Diana Salazar, quien también fue recusada por la defensa de Alexis Mera, exsecretario jurídico de Correa, presente la acusación por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias y pida el llamamiento a juicio.
La lista de procesados la integran Correa, el exvicepresidente
Jorge Glas, el exministro de Obras Públicas Walter Solís, la exministra María de los Ángeles Duarte, la exasesora Pamela Martínez y su exasistente, Laura Terán, entre otros sospechosos.
La Fiscalía cuenta con evidencias que involucrarían al expresidente y sus cercanos en una supuesta estructura conformada por funcionarios y empresarios que aportaban en efectivo y por cruce de facturas para solventar los gastos de PAIS para sostener el proyecto de la revolución ciudadana.
A cambio de contratos con el Estado los empresarios supuestamente solventaban los gastos de artistas, publicidad, camisetas, convenciones, sabatinas, refrigerios y movilización de simpatizantes, entre otros.