Cantinfleos a la loca
El art. 59 de la Ley de la Función Legislativa es clarito, sobre el trámite de un proyecto urgente: “las comisiones especializadas dentro del plazo de diez días ... ... presentarán sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir...”. Informar es “Dictaminar en asunto de su respectiva competencia” (RAE, diccionario). Dar dictamen es emitir opinión.
¿Hay en el “informe” para primer debate sobre el reciente proyecto urgente, entregado por orden del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la comisión de régimen económico, aquella opinión que exige la ley?
El propio documento lo desmiente. No solo porque en ningún lado se lee la tal opinión (hay solo una recopilación de variados discursos de legisladores, una especie de acta de debates), sino porque sin rodeo alguno el párrafo final reconoce que “...al no existir un acuerdo sobre una propuesta de texto del articulado que cuente con mayoría de esta comisión ... ... se acuerda remitir el proyecto correspondiente [el original del Ejecutivo] para continuar con el procedimiento [junto con] las propuestas presentadas por cada asambleísta de esta comisión y todas las recibidas, consolidadas en la matriz de observaciones...”.
Ese no es el único cantinfleo. Muy llamativo es el de la gerente del Banco Central, en torno a la independencia de este. Luego de decir en la comisión que se trata de un “factor indispensable para la sostenibilidad
✑ EDUARDO CARMIGNIANI
...al no existir un acuerdo sobre una propuesta de texto del articulado que cuente con mayoría de esta comisión ... ... se acuerda remitir el proyecto correspondiente [el original del Ejecutivo] para continuar con el procedimiento...’.
de la dolarización”, agregó, respecto del directorio que se propone crear, que “Ninguna otra institución debe interferir en las decisiones que tome el cuerpo colegiado”. Conceptualmente, nada que reprochar en esto a la señora Artola. El problema es que no ha leído el proyecto que fue a defender, cuyo art. 155 mantendría al Central como parte del Ejecutivo -la Constitución no lo hace, es cuestión de mera legalidad- y cuyo art. 178 permitiría al presidente de la República nombrar y remover a los miembros del directorio. Semejante fantasiosa “independencia”...
En fin: un proyecto fanesca, tramitado a la loca, que solo puede tener como destino el archivo.