Pachakutik y el correísmo NO DEJAN NI PREGUNTAR
La comisión parlamentaria que investiga los hechos ocurridos durante el paro nacional de 11 días dejó ver todas sus costuras
Primera jornada de comparecencias en la comisión parlamentaria constituida para investigar el paro nacional de la primera quincena de octubre. César Rohón pone las preguntas incómodas. Del otro lado de la mesa, un muro. O dos, para ser exactos: Jaime Olivo, de Pachakutik, y Doris Soliz, de la Revolución Ciudadana, torpedean la curiosidad investigativa del legislador socialcristiano. A Soliz le molesta que Rohón quiera saber si los manifestantes tenían alguna relación con el correísmo. La sola mención de esa palabra (correísmo) le parece una indelicadeza: “exijo respeto para mi fuerza política”, dice. A Olivo, en cambio, le pone nervioso que las preguntas de Rohón puedan conducir a Marlon Santi, el coordinador de su partido, a inculparse solito, así que protesta a su manera enrevesada.
-¿La Conaie asume la responsabilidad total de estos hechos? pregunta Rohón en referencia al cierre de los pozos petroleros.
-¡Con lo que le está preguntando lo está acusando directamente si él asume! -interrumpe Olivo al borde del ataque de nervios.
O sea: hay el riesgo de que Santi diga que sí. Y como “esta es una comisión de investigación, no de acusación”, no se puede preguntar eso. Según él.
Así van las cosas en la comisión investigadora. Fernando Burbano, el legislador que la preside, la tiene muy difícil. A la susceptibilidad de los asambleístas del correísmo y Pachakutik (dos partidos que, durante el paro, agitaron a la población y animaron el levantamiento) se suma la escasez de información y la sobredosis de retórica inflamada por parte de los representantes de los movimientos sociales que acuden a rendir sus testimonios. La regla, consensuada entre los integrantes, según la cual “la Comisión no aceptará opiniones ni apreciaciones personales que no sean verificables”, parece imposible de cumplirse. Al cabo de seis horas de comparecencias e interrogatorios, la cantidad de nueva información recabada es, prácticamente, nula. Y la disposición de la mayoría de comisionados para obtenerla, escasa.
La Defensoría del Pueblo aporta muy poco que no se sepa ya. Su contribución es casi exclusivamente estadística: cifras de muertos (11), heridos (1.340), detenidos (1.192) y procesados (273) desglosadas por fecha, por provincia, por delito… El tipo de lesiones, las condiciones de detención y poco más de información cualitativa no constituye gran ayuda para los objetivos de la Comisión. No es competencia de la Defensoría establecer las causas de las muertes. Queda, sí, una importante pista que seguir en la investigación de los abusos policiales: los once manifestantes que perdieron un ojo, el que perdió la audición de un oído y el que murió porque “una bomba lacrimógena le laceró el corazón”, parecen confirmar la tendencia de la Policía a disparar esos proyectiles a la altura del cuerpo, incluso a corta distancia. “A veces dice Alexandra Almeida, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo que acude a la Comisión- las armas no letales acaban siendo letales”. Podría ser el caso de al menos dos de los fallecidos.
No mucho más para endilgar al Estado en el informe de la Defensoría. El escándalo de las detenciones arbitrarias con que los supuestos organismos de derechos
humanos afines a la Conaie incendiaron las redes, la alharaca de los “falsos positivos” (eufemismo cargado de asociaciones nefastas que se usó sin el menor discernimiento hasta por legisladores correístas), queda reducido a esto: hubo detenidos que fueron
llevados a lugares no reglamentarios (no se especificó cuáles); algunos estuvieron incomunicados hasta por ocho horas; el 77 por ciento fue liberado sin formulación de cargos. Es lo que hay. Sin embargo, cuando el turno de testificar corresponde a los movimientos sociales, todos cargan las tintas en los atropellos y en el abuso de la fuerza; si se les pregunta a qué datos concretos se remiten, dicen suscribir el informe de la Defensoría.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Nelson Erazo del Frente Popular y un variopinto muestrario de representantes de organizaciones afines, de la FEUE, de la UNE, del Frente Unitario, hasta una altisonante y apasionada criatura de la Federación de Estudiantes Secundarios, se suceden en el uso de la palabra, monótona y predecible. Para la Comisión, una pérdida de tiempo: ni un dato que valga la pena para sus propósitos sale de estas comparecencias. Se plantea la teoría de que la investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional debe remitirse a sus causas, es decir, las políticas neoliberales y fondomonetaristas origen de toda violencia. ¿De quién es la culpa de los saqueos, los incendios, las bombas molotov, los atentados, los secuestros? De quien firmó el decreto 883, dice Mesías Tatamuez: el presidente Lenín Moreno. A eso se suma la oposición de Doris Soliz a que se les pregunte siquiera qué relación tienen esas organizaciones con lo que ella llama “el correísmo entre comillas”. En fin, la nada.
Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, repite libreto. Pero César Rohón lo exprime como a limón seco. Entre los cálculos políticos de Héctor Yépez (CREO), más preocupado por construir un caso de fiscalización contra el ministerio de Gobierno que otra cosa, y los devaneos de la oficialista Rosa Orellana, que alaba a los indígenas por ser siempre tan pacíficos y pregunta si en esta ocasión no se extralimitaron (“no”, fue la obvia respuesta de Santi), Rohón es el único que hace preguntas pertinentes: ¿Quién pagó la movilización? ¿Quién ordenó el cierre de los pozos petroleros? Jaime Olivo se mueve nervioso sobre su silla. Santi responde: “Esta movilización nacional no fue pagada por nadie”; con respecto al cierre de los pozos, “fue el colectivo el que tomó la decisión”, porque “no tenemos una jerarquía piramidal como el Estado, lo nuestro es circular; si ustedes entendieran eso, sería otro rollo”. Rohón abre unos ojos como platos: “¿Quiere decir que la Conaie asume la responsabilidad total de estos hechos?”. Entonces interviene Jaime Olivo antes de que las aguas se enturbien, dejando perfectamente claros los límites de una comisión investigadora integrada por personas involucradas en el objeto de la investigación.
Esto recién empieza. Todavía faltan por comparecer las autoridades del Gobierno (los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, especialmente), quienes tendrán que explicar, entre otras cosas, de dónde viene esa costumbre de la fuerza pública de disparar bombas lacrimógenas a la cara del prójimo. Y la gente de la Conaie: Jaime Vargas, que llamó al ejército a desobedecer al presidente y dijo haber ordenado el cierre de los pozos petroleros; Leonidas Iza, que mantuvo secuestrados a periodistas y policías; Salvador Quishpe, que al parecer tiene mucho que contar sobre la participación de grupos extremistas como el José Carlos Mariátegui y el Vientos del Pueblo en el proceso de toma de decisiones de la Conaie, por no hablar de los propios correístas. Si no fuera porque la Comisión ya dejó ver todas sus costuras y puso de manifiesto tan claramente de qué pie cojea, esto sería interesantísimo.
LA COMISIÓN
A la susceptibilidad de los asambleístas del correísmo y Pachakutik se suma la escasez de información y el exceso de retórica inflamada de los comparecientes.
EL CULPABLE
¿Quién ordenó cerrar los pozos petroleros?, pregunta el socialcristiano César Rohón. “Fue el colectivo el que tomó esa decisión”, responde Marlon Santi, de Pachakutik.