QUEMAR LA CONTRALORÍA YA NO ES TERRORISMO
Los implicados en el incendio, cometido durante el paro, serán procesados por paralización de servicios.
Al menos tres casos de supuesto terrorismo, derivados de la protesta indígena de octubre, cambiarán el delito investigado hacia una menor consideración de gravedad.
Se trata de tres de cuatro expedientes abiertos para investigar a 38 sospechosos del incendio a la Contraloría, apresados al interior del organismo y el ataque al canal Teleamazonas.
Inicialmente, la Fiscalía expuso evidencias para sostener que había un plan organizado de atentar contra la Contraloría. Según se expuso, las cámaras del organismo de control habían captado las actuaciones de los implicados. De sus celulares se había obtenido información que daba cuenta que no eran espontáneos. Y el acto, calificado por la Fiscalía como terrorista, habría sido coordinado desde un chat de Whatsapp denominado ‘grupo Libertador’. Ahora, en cambio, pasa a paralización de servicios y la instrucción se extenderá a 10 días.
El terrorismo, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), castiga a quien provoque o mantenga en estado de terror a la población o ponga en peligro la vida, integridad física o la libertad de las personas y que pongan en peligro edificaciones, medios y transporte. Se castiga con entre 10 y 13 años. Con la nueva propuesta, la pena es mucho menor.
El fiscal que investiga el caso, José Córdova, justificó la reformulación en el apego al principio de objetividad y porque, durante la instrucción, se llegó a establecer que los hechos se ajustan a ese delito.
La primera audiencia para los nuevos cargos se cumplió ayer a las 11:30 en el Complejo Judicial. La Fiscalía informó que con base en los elementos presentados se reformularon cargos para seis adolescentes implicados en el incendio que destruyó la Contraloría. Una segunda audiencia de reformulación prevista para las 10:00 de ayer se suspendió porque el procesado cambió de defensor. La diligencia fue convocada para el 20 de noviembre. Se trata del caso de Óscar Daquilema, quien, según la información del sistema de la Función Judicial, “ha sido aprehendido por cuanto ha sido observado en el tercer piso del edificio de la Contraloría provocando un incendio”.
Según la información, el sospechoso, al darse cuenta de la presencia policial, les repele lanzando piedras. Y, cuando los uniformados ingresan al tercer piso, encuentran los vehículos
incinerados y en el mismo sitio el sospechoso “portando una caja de cerillos”. Pero su defensa negó que hubiesen hallado en su poder material pirotécnico y combustible.
Otra reformulación de cargos se efectuará mañana por la investigación abierta para 27 detenidos en el interior de la Contraloría.
Ernesto Pazmiño, el exdefensor Público Penal, defiende a tres procesados indígenas. Según él, “con las evidencias por nosotros presentadas, se le cayó el caso de terrorismo al fiscal”. Reconoce que hubo el ataque, pero eso no
es delito de terrorismo. Dice que para que exista terrorismo debió haber evidencia de “grupos armados, explosivos, delitos previos como asaltos, secuestro, homicidio, organizaciones delictivas con estructura orgánica, intenciones políticas de derrocar el régimen constituido”.
Los Bomberos no pudieron sofocar el incendio por la oposición de los manifestantes apostados en los exteriores del parque El Arbolito. El contralor Pablo Celi presentó dos denuncias por la primera toma de la institución y luego por el incendio. Al momento, los funcionarios trabajan en varias entidades.
Aún no se ha determinado el daño económico que provocó el incendio. Al sitio primero ingresaron los Bomberos, luego la Fiscalía y finalmente la aseguradora que establecería un informe de daños.
De los 27 investigados, 14 recibieron medidas alternativas a la prisión. Los 13 restantes esperan ser liberados con apelación a la prisión. La audiencia será el sábado. Ayer también hubo reformulación de cargos en el caso del ataque a Teleamazonas. Los cuatro sospechosos de terrorismo serán investigados por daño a bien ajeno, por el artículo 204 del COIP.
La norma contempla que la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Se castiga con entre uno y tres años, si por el daño provocado se paraliza servicios públicos o privados.
EL DETALLE
Caso. El primer caso tras la paralización que dio inicio a la protesta indígena fue al dirigente Jorge Calderón.