Romo alista pruebas para el juicio político
El proceso será tramitado por la Comisión de Fiscalización ❚ La ministra anunció que entregará información sobre las protestas
Día de reveses en el ámbito legislativo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció ayer que acudirá las veces que sean necesarias a la Asamblea Nacional para defender su actuación al frente de esta cartera de Estado que, hasta agosto pasado, se llamaba Ministerio del Interior.
El pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó ayer los dos pedidos de juicio político que fueron ingresados en contra de la funcionaria. Uno impulsado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez y el otro por la correísta Amapola Naranjo. Ambos pedidos, por una misma causa: un supuesto incumplimiento de funciones.
La votación en el organismo administrativo se dividió así: a favor del juicio político, Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (CREO), Rina Campain (CREO) y Ana Belén Marín (Alianza PAIS). Se abstuvieron de votar por el inicio del proceso de control político César Litardo (Alianza PAIS), César Solórzano (BIN) y Carlos Cambala (Alianza PAIS).
“No incumplí mis funciones”, fue la primera reacción de Romo a las pocas horas de conocer la decisión del CAL. “Los funcionarios públicos estamos sujetos a fiscalización y con mucho gusto iré a la Asamblea como me han visto hacerlo a veces dos o tres veces por semana. Es natural que los ministros demos explicaciones de cualquiera de nuestros actos y decisiones”, añadió Romo.
Ambos procesos de fiscalización fueron planteados antes de las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por lo que no tienen que ver con lo acontecido entre el 2 y el 13 de octubre pasado.
Naranjo precisó en septiembre anterior, cuando ingresó el pedido de juicio político, que las causales son por el incremento en la inseguridad ciudadana, el aumento de femicidios, la crisis carcelaria y el incumplimiento de la Ley de Prevención contra la Violencia a la Mujer.
Sin embargo, Romo aseguró ayer que cuando sea convocada por la Asamblea, mientras se sustenta este proceso de juicio político, aprovechará también para ampliar a los legisladores la información sobre las protestas
violentas y el vandalismo.
Por su parte, Cuesta la acusa de incompetencia para ejercer el cargo, abuso de autoridad y mal uso de bienes públicos, por haber usado el helicóptero de la Policía Nacional para movilizarse con Iván Granda, exsecretario Anticorrupción, durante el feriado de carnaval a Esmeraldas. Todo esto habría comprometido la seguridad de los ciudadanos, según la asambleísta.
El proceso irá a la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Johanna Cedeño, que ayer anunció que esperará a que el CAL le notifique con la calificación de las solicitudes antes de empezar el proceso de fiscalización.
Recordó que, una vez notificada, tiene cinco días de plazo para avocar conocimiento e iniciar el trámite, estableciendo un cronograma de comparecencias para sustanciar las solicitudes y poder, con argumentos de juicio, elaborar el informe en el cual se determine si el pedido de juicio pasa al pleno o se archiva en la misma comisión.
Cedeño adelantó que los dos juicios se unificarían, ya que las causales que se presentan en ambas solicitudes son prácticamente las mismas.
EL DATO
8 de agosto
(10:00) ingresó a la secretaría de la Asamblea el primer pedido de juicio político contra Romo.