Los Sarayaku acuden a la Corte Constitucional
La sentencia se emitió hace siete años y se ha cumplido parcialmente
Se les empieza a terminar la paciencia. Integrantes de la comunidad Sarayacu llegaron ayer a Quito para denunciar que el Estado ecuatoriano no ha cumplido en su totalidad la sentencia emitida a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El reclamo fue ingresado ante la Corte Constitucional (CC) a la que le piden hagan cumplir el dictamen que fue emitido en 2012 y del que solo se han ejecutado algunas partes, lo que deja inconformes a los indígenas amazónicos.
Los jueces internacionales determinaron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada al entregar en concesión un bloque petrolero a una empresa multinacional.
Esto se produjo a la par que la compañía ingresó cerca de una tonelada y media de explosivos para iniciar los procesos de construcción de la estructura para empezar con la explotación del hidrocarburo.
Miriam Cisneros, presidenta de la comunidad, dijo ayer que pese a que la Corte Interamericana dictaminó que se violaron derechos de este pueblo milenario, la situación poco o nada ha cambiado.
Ella exige que las autoridades terminen con el retiro de la pentolita que todavía se puede encontrar en unos 20 kilómetros cuadrados del territorio Sarayaku.
Asegura, además, que la consulta previa todavía es un mito que no se cumple en ninguno de los casos en los que se ejecutan acciones dentro de la zona que es ocupada por los Sarayaku.
El abogado de la comunidad, Mario Melo, explicó ayer que como último recurso les queda acudir a la Corte Constitucional para informar el incumplimiento de la sentencia y exigir que la misma se ejecute. “Estamos seguros que los jueces constitucionales podrán constatar que no se ha llevado a cabo lo que determinó la Corte y dará paso a que se repare al pueblo Sarayaku”, dijo.
En octubre de 2014, el Gobierno pasado organizó un evento en el que la ministra de Justicia de esa época, Ledy Zúñiga, pidió disculpas, a nombre del Estado, a los integrantes de este pueblo por la violación a sus derechos humanos, que fueron constatados por la Corte Interamericana.
La sentencia de los jueces también determinó el pago de $ 1’390.000 por daño económico y la implementación de normas para que no se vuelva a repetir un caso similar.
Ni el retiro de los explosivos, ni la consulta previa se ha cumplido en su totalidad.
MIRIAM CISNEROS
Presidenta de la comunidad