Morales quiere volver, pero no a ser candidato
Los partidos de la oposición piden una Asamblea Constituyente
El exmandatario de Bolivia, que renunció y está en México, dice que la acusación de fraude fue el golpe.
Chile vive uno de los momentos políticos de mayor complejidad desde que el 18 de octubre, hace casi un mes, estalló una crisis nunca vista en su historia reciente, con inéditos niveles de violencia y destrucción de sus ciudades.
El Gobierno no ha logrado en estos 27 días controlar el orden público. El martes, en una jornada de paro nacional convocada por un centenar de sindicatos y fuerzas sociales, las concentraciones y marchas pacíficas fueron seguidas por altercados provocados por grupos violentos que nadie controla y que generaron el caos en varias ciudades y pueblos del país. De acuerdo con las cifras oficiales, hubo al menos mil detenidos, casi 400 heridos (46 civiles y 347 agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas), un centenar de saqueos a comercios, unos 200 cortes de vías de comunicación y al menos 30 incendios en todo el país.
La política chilena vive horas cruciales. Busca una salida institucional al conflicto, pero esta se ve todavía lejana y además no parece que pueda apaciguar la violencia de una protesta sin líderes y que enfrenta a las instituciones democráticas con una severa crisis de representatividad, incluidos todos los partidos. Mientras la oposición pide unida un plebiscito y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (en la que participen diferentes actores de la sociedad civil además del Parlamento) para modificar la actual Constitución de 1980, el
presidente Sebastián Piñera llama a un acuerdo por la paz entre los partidos, organizaciones sociales y ciudadanos.
En su mayoría, los partidos de oposición recogieron el llamado a la paz del presidente y se producen diálogos entre los distintos sectores para intentar darle una salida. Como expresó el líder del Partido Radical, Carlos Maldonado, buscan llegar a un acuerdo con “la máxima urgencia” dada la complejidad actual. “Ojalá en las próximas 24 horas”, indicó.
Una salida intermedia sería la de una convención constitucional, propuesta por el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) en abril de 2017 para reformar la Ley Fundamental.
Esa administración llevó adelante un largo proceso de diálogo con la participación de 204.000 personas y sus conclusiones se presentaron en un proyecto de nueva Constitución a poco de dejar el poder.
Su propuesta de convención constitucional habilita a un organismo distinto del Congreso para la discusión y redacción de una nueva Carta Magna, pero no entra en detalles sobre su composición ni tiempos de trabajo. Esta salida parece atractiva para diferentes sectores porque otorga legitimidad y, al mismo tiempo, otorga garantías como la permanencia de los cuórums actuales para cambiar las leyes.