Secretismo vía “aclaración”

✑ EDUARDO CARMIGNIANI

Para el Ejecutivo ha resultado ser súper urgente “aclarar” el Código Tributario (cuyo art. 99 manda a “difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias”), incluyendo el “derecho general” de los contribuyentes a que sean reservados, salvo excepciones como la del art. 99, sus “declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios” (art. 6 del proyecto de ley fanesca).

“Aclaración” es palabreja que tomo prestada de la carta enviada a este Diario por José Almeida, funcionario del SRI, a propósito de mi columna de la semana anterior, en la que intenta contradecirme diciendo que “...la Ley de Crecimiento

Económico no propone un ‘secretismo fiscal’ ni impedirá conocer a la ciudadanía las deudas tributarias de los contribuyentes, entre ellos, los funcionarios públicos. Esta reforma legal aclara a las normas ya existentes...”.

Veamos entonces cómo quedaría el asunto de los funcionarios públicos, o de quienes aspiran a serlo, de llegar a quedar ensartada en el Código Tributario la tan urgente “aclaración”, que establecería el derecho general a la reserva de antecedentes tributarios, conviviendo con la vieja excepción de la difusión “anual” a cargo del SRI de “los nombres de los sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias”.

Empecemos por lo obvio, más allá de textos legales. Por transparencia y para no solapar la corrupción, los funcionarios, o candidatos a serlo, no deben tener derecho alguno a la reserva. La propuesta guarda pasmoso y conveniente silencio sobre este tema. Al contrario, como la reserva sería derecho general y la excepción del art. 99 solo ordena difusión “anual”, cohonestará un rosario de reclamos cuando -en períodos distintos- (los nombramientos o las elecciones no tienen por qué coincidir con esos períodos anuales) se quiera difundir que el ministro tal o el candidato cual no ha pagado impuestos. El secretismo va a ser el efecto de la tal urgente “aclaración”. Por más cartitas que envíe el señor Almeida.

Por transparencia y para no solapar la corrupción, los funcionarios, o candidatos a serlo, no deben tener derecho alguno a la reserva. La propuesta guarda pasmoso y conveniente silencio sobre este tema’.