La ínfima cuantía es uno de los nudos críticos de la contratación pública
PABLO CELI, contralor general del Estado
El contralor habla para EXPRESO de los hallazgos en este Gobierno y en el anterior y hace mención a la glosa, presuntamente desvanecida, de la compañía Conecel.
Se advierte una metodología que se adoptó de forma permanente, recurrente y continua en el gobierno del señor Correa.
No hemos financiado una obra de teatro. No es objeto de la
Contraloría trabajar obras de teatro.
Es el actual contralor general del Estado. También fue asesor y subcontralor. Es doctor en Filosofía, doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Tiene un diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos. Fue delegado en el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa y subdirector del Consejo de Defensa Suramericano en Unasur.
El incendio de la Contraloría dejó sin oficinas a 1.300 funcionarios de Contraloría. Fueron acogidos por 12 entidades. Pronto irán a los edificios de Banecuador y del Biess. El trabajo y los hallazgos siguen, dice el contralor Pablo Celi.
− Contraloría llevó la peor parte en las protestas de octubre...
− El ataque fue de alto impacto no solo en la destrucción documental sino con la infraestructura de trabajo. Tres elementos concurren en la acción: sabotear el sistema de trabajo rompiendo la cadena de procesos, destruir o sustraer la documentación procesada en la institución e desactivar la infraestructura que ha sido severamente dañada junto con vehículos, equipos de computación y toda la papelería como formularios.
− ¿Tenían un inventario para conocer lo que se perdió?
− Se comunicó a la aseguradora de este siniestro y se acordó con ella el proceso para concluir con el reclamo. Eso supone la actuación de un ajustador y se efectúa la revisión del estado de bienes y del edificio para precisar dentro de una póliza el balance de inventario de lo afectado y la valoración que permita concluir satisfactoriamente con el reclamo.
− ¿En cuánto tiempo?
− Hemos acordado que el proceso no supere los 45 días laborables.
− Entre tanto, ¿sigue el trabajo?
− Desde el 12 de octubre hasta la actualidad se han efectuado 133 lecturas de borradores de informes, se aprobaron 98 informes de auditoría gubernamental en temas como la situación hospitalaria y de medicamentos en el IESS, los estados de excepción sin sustento legal y que han dado paso a un examen con indicios de responsabilidad penal entregado a la Fiscalía, exámenes a contrataciones en Petroecuador y Petroamazonas, responsabilidades civiles y penales en la adquisición de bienes de Coopera en liquidación y un examen a las construcciones de la
Judicatura en el sur con responsabilidades civiles y penales por 10 millones de dólares.
− En los decretos de emergencia, se habla de un “modus operandi general” para eludir normas.
− Sí, era como una regla general. Confirma análisis anteriores en otros casos y es un examen que abre un proceso para nuevas auditorías.
− ¿Auditorías a qué?
− En contrataciones en varios ministerios. Esto da sustento a investigaciones que por sus propias competencias ha venido realizando la Fiscalía como en el caso Arroz Verde.
− ¿También como las del IESS?
− Ahí, establecimos una auditoría integral que ha venido desarrollándose desde el sistema de prestaciones, a la infraestructura, recursos laborales y a los contratos en salud. Hay muchos exámenes con resultados. El último concluyó con existencia de insumos y medicamentos en las bodegas del IESS. Un examen en 19 hospitales y unidades médicas del país que da como resultado irregularidades en varios campos.
− ¿Cómo cuáles?
− Medicamentos e insumos caducados por más de $ 18 millones, faltantes por $ 6,4 millones, deteriorados por la ruptura de cadena de frío por $ 3,2 millones... En total $ 24,5 millones que tienen que ver con las últimas denuncias. Se ha incluido en este examen al hospital Teodoro Maldonado en donde se evidenció afectaciones en medicamentos e insumos por $ 10,5 millones.
− ¿Qué pasa con los procesos por ínfimas cuantías?
− En general en los procesos de auditorías hay grandes vulnerabilidades para una gestión integral: los convenios de pago, las ínfimas cuantías y los contratos complementarios. Si el país hace un análisis sobre donde están los nudos críticos en la contratación pública, podríamos señalar esos tres aspectos en los que se debilitan los controles administrativos, la aplicación de la norma.
− ¿Sigue la misma práctica en este Gobierno?
− La Contraloría no establece una periodización por actual gobierno o anterior gobierno. Establece un plan que abarca tiempos contractuales, procesos de ejecución y terminación de obra. Hay 105 órdenes de trabajo emitidas desde mayo de 2017, muchas tienen que ver con contratos que se iniciaron en el gobierno anterior y avanzaron con el actual; y otras que iniciaron en el actual y están desarrollándose.
− ¿Qué pasó en la glosa a Claro?
− Es el caso de las especulaciones sobre una predeterminación a Conecel que fue analizada en el último año. No es improvisado. Lleva meses de análisis y se refieren a la predeterminación de responsabilidad que se derivó de un proceso de auditoría, en donde no se evidenciaban las bases técnicas que sustenten una metodología de cálculo para establecer el valor de la ampliación de banda que el Estado había concedido.
− ¿No es que el contralor desvaneció la glosa porque quiso?
− Se cumplieron los procesos legales. Eso se da en este caso y muchos otros, porque es un mecanismo normal de trabajo de la Contraloría. Es muy equívoco presentar el resultado del cumplimiento de la ley y del debido proceso por parte de la Contraloría como si fuese una decisión arbitraria del contralor para favorecer a alguien.
− Ustedes financian una supuesta obra de teatro sobre un proceso judicial: los cuadernos de Pamela...
− No hemos financiado una obra de teatro. No es objeto de la Contraloría trabajar en obras de teatro. La Contraloría requiere una concurrencia del control público y ciudadano. La Constitución manda que los organismos públicos fomenten en todos los niveles formas de participación social. Con ‘La Posta’ y otros medios tenemos distintas formas de diálogo, pauta y comunicación. Pero no tenemos nada que ver con la obra mencionada. Ha habido una distorsión respecto de lo que constituye la actitud del organismo de control de apertura, transparencia y apoyo al interés social por la transparencia y la anticorrupción. Pero sobre el contenido de la obras, no hemos participado.
− Pero también ha levantado polémica la pauta a esa obra. Si la Contraloría audita la contratación pública, ¿a ustedes quién los controla?
− Todos los procesos de decisión de la Contraloría están sujetos a un departamento de auditoría interna. Se hace de manera regular sobre todo el proceso administrativo. También es objeto a nivel internacional por parte de entes de control de la región y, por último, está el control de la Asamblea. No es que no hay control. Lo hay, por supuesto. Los pedidos de la Asamblea a la Contraloría son constantes. Desde el 18 de enero a la fecha, hay 866 pedidos.