Dos detenidos en caso Tuárez aceptan propuesta de la Fiscalía
Los procesados se acogen al procedimiento abreviado tras versión
El proceso que implica al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, podría suspenderse temporalmente para dos de los detenidos.
Ayer, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, quien investiga el caso, pidió a la jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil, que trate la admisibilidad del procedimiento abreviado al que se acogieron dos de los imputados.
Se trata de Marco Vinicio Vivanco Correa y Pablo Roberto Llanes, quienes habrían aceptado la propuesta que les hizo el funcionario para que se acojan a ese mecanismo, que aplica con ciertas condiciones, entre ellas, aceptar voluntariamente su participación en la infracción.
Vivanco y Llanes son investigados junto con otros 31 procesados, entre ellos Tuárez, por un delito de asociación ilícita para la presunta venta de cargos públicos, particularmente de la Dirección de Aviación Civil. Puesto por el que pedían cuatro millones de dólares, según las investigaciones que dieron paso al operativo Emperador, ejecutado el pasado 28 de noviembre, en seis provincias del país.
Suárez solicitó a la jueza que lleva el proceso que trate esa admisibilidad, dentro de la audiencia que señaló para el próximo 26 de diciembre. La diligencia está prevista para atender los pedidos de revisión de medidas cautelares que solicitó Renata Jalkh Roben, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh; además de Christian Tamayo Palacios, Ador Sanjudo Oton y Vilma Jesenia Velasco Amores. Los cuatro permanecen con prisión preventiva.
Hasta el momento, solo Vivanco y Llanes han autorizado el procedimiento abreviado y lo hicieron dentro de la versión libre y voluntaria que rindieron ante el fiscal, quien -el pasado jueves- acudió al centro carcelario de Guayaquil para realizar esas diligencias. Se conoció que también receptó la versión de José Tuárez. El exfuncionario presentó un recurso de apelación a la prisión, igual que otros 14 procesados (entre ellos, el exdirector de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral, Luis Loyo). Tuárez intentó salir en libertad con una acción de habeas corpus, que fue negada. La defensa argumentó, entre otras cosas, que corría peligro su vida porque “su cabeza” ya tenía precio: dos millones de dólares.
Ayer, la Fiscalía tenía previsto receptar otras seis versiones, pero solo acudieron dos de los citados a la Unidad de Administración Pública.
En paralelo, la jueza Ortega autorizó al fiscal para que disponga a peritos de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil que procedan con la extracción de la información que contienen más de setenta dispositivos electrónicos (entre teléfonos celulares, tabletas, computadoras). Los aparatos fueron incautados durante el megaoperativo que se desplegó en noviembre.
Entre los dispositivos consta el teléfono celular y una computadora portátil que fue decomisada a Tuárez, en el allanamiento que hizo la Policía en Portoviejo, Manabí. También constan una tableta y dos celulares de Loyo.