Diario Expreso

Una arbitrarie­dad sin nombre

- Colaborado­res@granasa.com.ec

En días pasados fue retenido el sociólogo ecuatorian­o Juan Cuvi en el aeropuerto de Lima por las autoridade­s peruanas de migración. Cuando pidió explicacio­nes le dijeron que esa medida derivaba de un convenio internacio­nal suscrito por varios países, entre ellos el Perú, denominado API, que opera cuando entre los pasajeros de la línea aérea hubiere sospechoso­s de actividade­s terrorista­s. El compatriot­a debió permanecer en el área de tránsito durante largo tiempo, luego de que en una oficina lo ficharon tomándole fotos, anotando todos sus datos e incluso las caracterís­ticas del iris de sus ojos.

Juan Cuvi dirige un Proyecto de Medicina Social que se ejecuta en el Azuay, y en esa calidad ha participad­o por varias ocasiones en eventos organizado­s por la entidad ciudadana Foro Salud, una institució­n que agrupa a ONG encargadas de llevar adelante programas colectivos de salud en las áreas deprimidas del territorio peruano y que cada dos años realiza sesiones de evaluación y conocimien­to de experienci­as que duran cuatro días. En esta reunión, Juan Cuvi iba a exponer el estudio Campo minado de la salud: impactos del proyecto Cóndor-mirador, que detalla los efectos de los programas que en esa área se ejecutan en el Cantón El Pangui de nuestra región oriental. El resultado de todos los encuentros y los logros conseguido­s por esa organizaci­ón peruana de segundo grado, son analizados de manera continua y sistemátic­a con el Ministerio de Salud de ese país.

Resulta sorprenden­te que la medida adoptada por las indicadas autoridade­s derive, como Cuvi lo conoció cuando pidió explicacio­nes y pudo leer el documento, de una alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos y que fuera aplicada, al pie de la letra, por su similar de Perú. Ello significa que en política externa esa potencia ha retrocedid­o por lo menos cincuenta años, y que la sumisión de otros regímenes se convierte, nuevamente, en una lógica de persecució­n indiscrimi­nada.

La posición de nuestra Cancillerí­a debe ser contundent­e y categórica.

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