Más de 2.180 procesos de compra pública tuvieron observaciones en 2019
Contraloría, Fiscalía y la Superintendencia fueron notificadas de casos
La compra pública no se libera de las anomalías. Pese a la implementación de mecanismos de control y a que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se certificó con la ISO Antisoborno, aún hay instituciones que caen en novedades que deben investigarse. Entre enero y octubre de este año, por ejemplo, se encontraron 2.184 procesos de adquisición de bienes o servicios que fueron observados por las autoridades.
En monto, los cuestionados sumaron 802,72 millones de dólares.
En este año, el Sercop supervisó, en total, 5.551 procesos que sumaron 2.906,5 millones de dólares. De esos, el 28 % tuvo novedades.
En el mejor de los casos, esas observaciones respondieron a fallas o errores en el mecanismo de contratación. Según el análisis detallado del Sercop, 1.232 procesos (por 276,88 millones de dólares) solo tuvieron recomendaciones para próximas compras.
Trescientos procesos, en cambio, fueron declarados desiertos o se cancelaron por distintos motivos. Esas operaciones superaron los 213,20 millones de dólares.
El grueso de las observaciones, sin embargo, se fue a investigaciones más profundas. 652 procesos -por 312,64 millones de dólares- fueron enviados a entes de control.
¿Cómo se distribuyeron esas investigaciones? La Contraloría General del Estado es el órgano de control que más casos se llevó para averiguaciones ante la presunción de algún ilícito. 579 procesos llegaron a la entidad que dirige Pablo Celi.
Lo dicho se traduce en acciones por más de 263,77 millones de dólares.
La Fiscalía General también recibió su porción. 42 procesos por 33,57 millones de dólares llegaron para iniciar investigaciones que determinen si hubo afán de afectación al Estado.
Incluso, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado recibió casos que indagar. Fueron 31 operaciones por 15,30 millones de dólares los que se reportaron.
En ninguno de los casos existe la seguridad del cometimiento de un delito. Serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades.