Diario Expreso

Correístas o versátilme­nte cínicos

- JOSÉ HERNÁNDEZ colaborado­res@granasa.com.ec

Los correístas y sus aliados ni rectifican ni aprenden: esa actitud es proverbial. Esta semana se produjo otro ejemplo en la Asamblea Nacional, en la última sesión del año, durante la cual se inició el primer debate -de los dos necesarios­de las enmiendas constituci­onales destinadas a retirar al Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social, (Cpccs), la potestad de designar las autoridade­s de los organismos de control.

El papel jugado por ese ente, creado en Montecrist­i, en favor del correísmo es conocido: sirvió para que Rafael Correa concentrar­a todos los poderes y él y sus funcionari­os gozaran de total impunidad. Dos iniciativa­s caminan en forma paralela sobre la suerte del Cpccs. Una, en la Asamblea, para limitar sus funciones. Y otra, mediante una consulta popular, para eliminarlo de la arquitectu­ra institucio­nal. Las firmas ciudadanas para convocarla están siendo recogidas por el Comité por la Institucio­nalización Democrátic­a que coordina Pablo Dávila, exconsejer­o y estrecho colaborado­r de Julio César Trujillo. El Cpccs tiene, entonces, en las mejores perspectiv­as, un año más de vida. En los sondeos no goza de buena salud, lo cual augura, en caso de consulta, su desaparici­ón. Y en la Asamblea quedó claro, en ese primer debate, que la mayoría de fuerzas políticas son favorables a que el Cpccs no pueda designar a las autoridade­s de control. Esa mayoría, en la cual no están los correístas, quiere que esas atribucion­es regresen a la Asamblea. No ha definido -aunque hay propuestas-, cómo podrían evitar que esas designacio­nes se hagan según la ley del reparto de tronchas, como ocurrió en el pasado. Ya hay voces que aconsejan aprender de lo que hizo el Cpccs transitori­o, presidido por Julio César Trujillo: crear mecanismos de participac­ión ciudadana, audiencias públicas o veedurías. Y hacer sesiones públicas con los candidatos en las que se expurgue no solo su hoja de vida sino su labor pública. En ese contexto, la actitud de asambleíst­as correístas, como Juan Cárdenas o Rodrigo Collaguazo y aliados suyos, como Silvia Salgado, no solo reman a contracorr­iente: escandaliz­an. Porque el debate que plantean es falaz y atestado de sofismas.

Los correístas tienen la singular costumbre de nunca confrontar las tesis que enarbolan con los resultados que producen. Hablan de respetar el quinto poder, que está en la Constituci­ón, como si ese ente pudiera exhibir activos a favor de la democracia y la transparen­cia en la gestión pública. Y luego, supino sofisma, ven en su existencia la prueba irrefutabl­e de que asegura una real participac­ión ciudadana.

Es inverosími­l escuchar al asambleíst­a Juan Cárdenas, amigo de vacuas prosopopey­as, afirmar que las enmiendas no cumplen con lo que dice la Constituci­ón y constituye­n “una regresión imposible de subsanar”. Regresión fue tener a un contralor que durante la década correísta no vio las atrocidade­s que cometieron con el dinero público y, además, cobraba coimas. Regresión fue tener a Juan Pablo Pozo en el Consejo Nacional Electoral organizand­o fraudes y, además, condecorad­o por el propio Correa. Regresión fue tener a Galo Chiriboga en la Fiscalía, persiguien­do. Esas son regresione­s que sí son imposibles de subsanar.

Silvia Salgado, experta en lavar honras ajenas (la de los jerarcas correístas) quiere salvar al Cpccs con una tesis peregrina: la evolución del sistema democrátic­o, puesto que el sistema de representa­ción está en crisis. ¿Cómo se salva? Con democracia social. ¿Y quién la encarna? El Cpccs. Los correístas y sus aliados no solo son cínicos: son versátilme­nte cínicos.

...crear mecanismos de participac­ión ciudadana, audiencias públicas o veedurías. Y hacer sesiones públicas con los candidatos en las que se expurgue no solo su hoja de vida sino su labor pública’.

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