Los escollos a la ley electoral
Ciudadanos advierten demanda constitucional si no se acoge el veto presidencial ❚ Insisten en eliminación de las circunscripciones electorales dentro de la reforma
El veto del Ejecutivo aún no se vota en el pleno de la Legislatura, que estudia rechazarlo, pero ya cinco organizaciones de la sociedad civil advierten con una demanda constitucional.
La reforma a la ley electoral va rumbo a enfrentar un nuevo escollo antes de entrar en vigencia. Cinco organizaciones de la sociedad civil anunciaron ayer que no descartan plantear una demanda de inconstitucionalidad si la Asamblea Nacional no se allana al veto parcial que el presidente, Lenín Moreno, hizo a la propuesta.
Consideran que si el pleno legislativo decide ratificarse en el texto que aprobó a inicios de diciembre pasado, sin tomar en cuenta las sugerencias del mandatario, cinco aspectos pondrían en riesgo el equilibrio y la transparencia de las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2020 y los comicios en el futuro.
La situación se complica cuando desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea ya se descarta de antemano que se puedan aceptar cambios en alguno de los temas álgidos planteados por Esquel, el Observatorio Electoral y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre otros.
CIRCUNSCRIPCIONES.
1. César Ulloa, de la Mesa de Convergencia, explicó ayer que si bien es acertado cambiar el método de asignación de escaños del actual D’hondt a Webster, no es posible garantizar igualdad del voto y proporcionalidad, como establece la Constitución, si se mantienen las circunscripciones electorales en ciertas provincias. “Tiene que volver al estado anterior, donde no existía esta figura. Esto es una suerte de vasos comunicantes en donde si se cambia una parte, pero se mantiene lo demás, no hay los resultados deseados”, dijo. Ximeña Peña, quien dirige la Comisión de Justicia,
ve muy difícil que el pleno de la Asamblea Nacional acoja el pedido de eliminar las circunscripciones porque, según su criterio, hay límites constitucionales para hacerlo.
LICENCIAS
2. Las organizaciones ciudadanas califican como injusto y poco ético que en el texto que está a punto de ser ratificado por la Asamblea se establezca que una autoridad de elección popular, que busca la reelección, deba pedir licencia sin sueldo apenas 45 días antes de las elecciones, mientras dura la campaña. El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, considera que la licencia debería aplicarse desde el momento en que una candidatura es aprobada porque desde ese instante el aspirante queda habilitado para hacer promoción no pagada. “Estarían en
la posibilidad de hacer campaña, mientras siguen ganando un sueldo generado por el dinero de los ciudadanos”, aseguró Oleas.
TRANSPARENCIA
3. En el Legislativo, según estos colectivos, también está a punto de aprobarse una disposición para que no se entreguen periódicamente las actas de escrutinio a las organizaciones políticas durante el proceso de conteo de votos. Esto, según los asambleístas, para evitar congestionar el trabajo de los miembros de las mesas electorales. Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, aseguró ayer que cualquier intento en ese sentido viola los derechos de participación e información que tienen las organizaciones políticas que tendrían que esperar la entrega de una única acta definitiva para conocer los resultados, generando sospechas sobre el proceso.
SISTEMA
4. La reingeniería informática anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de 2020 es apenas uno de los requisitos para que la ciudadanía empiece a confiar en el organismo, según Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El activista considera que esta reforma debería garantizar que la data y la información del proceso electoral estén a disposición de los ciudadanos. Incluyendo el acceso, en tiempo real, al conteo de los votos.
INSTITUCIONALIDAD
5.
A los colectivos ciudadanos no les deja de preocupar la situación interna del CNE, en donde la presidenta, Diana Atamaint, atraviesa un juicio político y hay una marcada división entre dos grupos que han ido subiendo el tono de la confrontación. Exigen poner un alto a la confrontación y eliminar cualquier vestigio del manejo de la década pasada en el ente electoral.