Posiciones divididas en la fiscalización contra Romo
Para la ministra, la petición es confusa: no sabe si reprochan el exceso de fuerza o falta de contundencia ❚ El pedido tiene firmas del PSC, correístas y EX-CREO
Un nuevo intento. El asambleísta Roberto Gómez, de CREO, presentó un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en esta ocasión acusándola de incumplir sus funciones durante las protestas de octubre del año anterior en contra de las medidas económicas que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. La solicitud la hizo junto con la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Amapola Naranjo.
El primer intento de interpelación de la funcionaria fue archivado por la Comisión de Fiscalización, cuyos integrantes argumentaron que las acusaciones planteadas no tenían sustento.
De su parte, la ministra Romo, en diálogo con EXPRESO, señaló que la solicitud es confusa, ya que en las declaraciones de los interpelantes la acusan de uso excesivo de la fuerza o de no haber usado suficiente fuerza, por lo que hay contradicción en las declaraciones que se han hecho.
Además, señaló que su accionar en las manifestaciones ya fue analizado por la Asamblea, no solo por una comisión sino en el pleno. Ya analizaron el paro y su actuación, y en ninguna de estas instancias se recomendó un juicio político.
En tanto, desde la Asamblea hubo reacciones. Para el coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel, la acusación tendría fundamento considerando que la misma se basa en hechos que han pasado, y en los que existen informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Defensoría del Pueblo, que determinan que hubo excesos de parte de la fuerza pública durante las manifestaciones.
Criterio con el que coincide la asambleísta de Pachakutik (PK) Encarnación Duchi, quien dijo a este medio que analizan presentar otra solicitud de juicio político contra Romo, o sumarse a las acusaciones planteadas por el asambleísta Gómez, al considerar que se cometieron excesos por parte de los uniformados. Están de acuerdo con las causales de juicio presentadas.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), que firmó la solicitud de juicio, creen que el haber respaldado la solicitud de interpelación no quiere decir que la funcionaria sea culpable, sino que están abriendo la posibilidad de que la ministra de Gobierno aclare las denuncias que se han presentado en su contra.
“Hemos respaldado la iniciativa legislativa del proceso de enjuiciamiento, no hay proceso de inocencia o de culpabilidad”, manifestó.
Desde el lado oficialista, la coordinadora de PAIS, Ximena Peña, afirmó que espera que la solicitud en esta ocasión esté sustentada, considerando que el llevar una solicitud de interpelación se debe llevar a cabo con responsabilidad.