Policías son investigados por presunta tortura en una UPC
El hecho ocurrió hace cinco años, pero recién se solicitó la formulación de cargos en contra de los sospechosos ❚ La víctima habría recibido amenazas
Sentado frente al juez, Víctor Laz Jama esperaba justicia. Hace cinco años inició una lucha silenciosa contra un grupo de agentes que lo detuvo arbitrariamente y lo sometió a prácticas de torturas en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Guayaquil. Aunque ya encontró el respaldo que buscaba, existe el peligro de que una parte de los presuntos responsables queden libres de culpa.
Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía previsto formular cargos en contra de cuatro policías en servicio activo, investigados por el delito de privación ilegal de libertad y tortura. Pero la audiencia se difirió para el próximo miércoles, por pedido de los abogados particulares de los uniformados, uno de los cuales habría sufrido un accidente de tránsito camino a la diligencia.
El juez Darwin Valencia, de la Unidad Judicial Sur, acogió el pedido, además de la solicitud que hizo Ángel Pujilema, fiscal de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la FGE, de realizar lo más pronto la audiencia de formulación de cargos. ¿El motivo? Uno de los delitos vencería en diez días.
“Lo que prescribiría es la detención, en cuya responsabilidad están dos policías; mientras que la tortura está en dos agentes diferentes, (entre ellos), un oficial de la Policía”, lo que es imprescriptible, detalló el fiscal Pujilema. El hecho ocurrió el 27 de enero de 2015, en la UPC de las
calles 28 y O’ Connor (suburbio de Guayaquil), luego de que Víctor, en ese entonces de 21 años, fuera interceptado y “agarrado” por seis policías vestidos de civil, cuando se dirigía a una cancha de fútbol de la zona. Lo acusaban de ‘hachero’ (consumidor o expendedor de la droga denominada H). Tras llevarlo a la UPC, Víctor fue ingresado a una sala que no tenía cámara de vigilancia y donde estaba un capitán y otro joven al que asegura no conocía. “El capitán dijo ‘estos son los que reparten droga en el parque’ y comenzó a darnos golpe con el tolete de fierro que cargaba”, recuerda la víctima al detallar -en un testimonioque el otro muchacho tenía amarrada las manos con una piola, y cuando le dieron palo, se le descolocó un brazo y se desmayó.
Lo peor vino después. “El capitán comenzó a meternos corriente con una especie de linterna larga. La corriente me hacía doler, me aplicó corriente en el cuello y yo gritaba”. Dos horas después y, ante la intervención de otros policías que conocían a Víctor y donde trabajaba, el oficial lo dejó de golpear y lo envió en una patrulla a su casa; sin zapatos, camisa ni otras pertenencias. Pero con un dolor de huesos de la pierna izquierda, que le impidió trabajar durante tres meses y perder 1.800 dólares de salario.
“El capitán quedó en reconocerme las pertenencias, pero no me dio nada”, ni para los remedios, acusa el denunciante.
La Defensoría del Pueblo inició una investigación por la amenaza que existía a la víctima; y en enero de 2017 el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía. “Hace no menos de seis meses, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General investiga por una concurrencia de infracciones;
por una parte, es la detención ilegal arbitraria de unos agentes de Policía hacia la víctima y la tortura, tratos crueles e inhumanos considerados como una violación grave a los derechos humanos”, explica Pujilema.
Según el fiscal, el caso se está judicializando bajo estándares internacionales y lo que ordena la Corte Interamericana en delitos que son imprescriptibles, como es la tortura.
Hasta ayer, los policías señalados en el caso siguen laborando normalmente. Tres de ellos en Guayaquil y el cuarto en Pedro Carbo. La víctima solo espera que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir y se sancione como corresponda a los responsables.