Uruguay apuesta por la inversión extranjera
El nuevo mandatario dijo que se flexibilizarán las regulaciones del país
El fantasma del paraíso fiscal nuevamente ronda a Uruguay, tras que Luis Lacalle Pou, presidente electo de ese país, indicara que planea flexibilizar las regulaciones para atraer la inversión extranjera, principalmente empresas argentinas.
La otrora “Suiza de América” dejó de figurar en marzo de 2019 en la lista “gris” de paraísos fiscales que la Unión Europea elabora y que incluye casos reversibles con la aplicación de cambios legislativos.
Apenas se conoció la idea, el presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, la cuestionó y la tildó como un retroceso. “El Frente Amplio, con ‘Pepe’ (Mujica), (Danilo) Astori y Tabaré (Vázquez) hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces”.
La idea planteada por el presidente electo supone flexibilizar la residencia legal y fiscal, incluidas normas del Banco Central, para que los extranjeros puedan trasladar capitales a tierras uruguayas.
Su mirada se centró, básicamente, en empresarios argentinos,
tanto los grandes nombres que veranean en Punta del Este como los pequeños y medianos empresarios que se ven afectados por los vaivenes económicos de Argentina.
Esta medida aspiraría a que 100.000 ciudadanos de esa nacionalidad se trasladasen a territorio uruguayo.
Con una población de 3,5 millones de habitantes, han sido varios los intentos del país austral para atraer inversores.
Expertos en temas tributarios, no obstante, han indicado que es apresurado hablar de un paraíso fiscal.
“De ninguna manera se va a facilitar un flujo de capitales indebido, sino que se van a hacer más prácticas determinadas normas para que los extranjeros se instalen en el país”, dijo Carlos Loaiza, especialista en Tributación Internacional.
Argentina ha perdido interés para los grandes capitales debido a la crisis, a la que se le sumó la decisión del Gobierno de aplicar un recargo del 30 % a la compra de divisas.