A la Fiscalía se le caen casos por ‘negligencia’ o ‘ligereza’
Abogados consultados consideran que en algunos casos hay negligencia y en otros apresuramiento. De ahí, que no se hayan podido sustentar ante jueces y tribunales
No se observa investigación técnica y acusación seria. Lo aconsejable es evitar la mediatización de las causas. ERNESTO PAZMIÑO exdefensor Público General
Hace seis años me pidieron aceptar el proceso penal de robo para ganar tiempo. Y hoy vuelven hacer lo mismo sin un lineamiento lógico. ALEXANDRA CÓRDOVA madre de David Romo
Dicen que son minoría pero existen. En ellos se ha evidenciado ligereza, negligencia, falta de acuciosidad, descuido, apresuramiento desmedido sin mediar la omisión de ciertas formalidades que, en suma, hacen incomprensible cualquier acto.
Así interpretan juristas consultados por EXPRESO a las reformulaciones de cargos, retiro de acusaciones, anulación de casos en audiencia preparatoria, con sentencia o en apelación, considerados como ‘traspiés’ para la Fiscalía en 2019.
El exfiscal de Delitos Aduaneros, Fernando Lara, señala que esas situaciones se presentan por inexperiencia y ligereza en las investigaciones. Añade que es sobre todo porque la propia Fiscalía “se sometió a una presión innecesaria por pedir prisión preventiva sin haber investigado el caso, se somete a una camisa de fuerza del plazo de la instrucción fiscal sin haber investigado como corresponde en el sistema oral y ahí las consecuencias”.
El último caso fue el del consejero de Participación Ciudadana David Rosero. En mayo de 2015 él y dos maestros fueron señalados por un posible delito de ataque y resistencia. El martes, en su primera intervención en el juzgamiento de Rosero, el fiscal subrogante Wilson Toainga ofreció al tribunal que probaría que los sospechosos eran autores directos.
Pero, un día después, en sus alegatos finales, no acusó a Rosero. Justificó que el aludido estuvo por coincidencia en el sitio y que no opuso resistencia al cumplimiento del allanamiento al Fondo de Cesantía del Magisterio en Imbabura. Los jueces ratificaron la inocencia de los procesados.
El de Rosero es solo uno de los casos. El 5 de diciembre de 2019, la fiscal Diana Salazar se abstuvo de acusar a la exasambleísta correísta Sofía Espín y a Yadira Cadena, una de las abogadas del expresidente Rafael Correa, investigadas desde octubre de 2018 por una posible oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro al activista Fernando Balda.
“A diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”, fue la justificación de la fiscal.
En recientes casos, como en el de la prefecta de Pichincha
Paola Pabón, el delito de rebelión, inciso 4, que investigaba el fiscal de Pichincha Alberto Santillán, en el contexto de las protestas de octubre de 2019, fue reformulado a rebelión sin agravantes.
Los casos de la Contraloría, abiertos por el incendio y la toma de sus instalaciones, que buscaban posibles actos de terrorismo, también tuvieron que ser reformulados. Y en el caso de los ciudadanos venezolanos detenidos en el aeropuerto, ninguno recibió acusación.
El exjuez Luis Fernández pide tomar en cuenta que la Fiscalía es un ente compacto que para iniciar la acusación fiscal necesariamente debe sustentarse en informes como la Contraloría. Justifica que las investigaciones se han caído porque desde los entes que deben contribuir con informes “han estado mal hechos, que permiten a los abogados ante la autoridad, desestimarlos”. Reconoce que si bien es cierto en la
Fiscalía se han cometido algunos errores pero también ha tenido grandes aciertos.
“La fiscal Salazar ha actuado con objetividad, valentía en casos como Arroz Verde y otros que ha llevado a que sean juzgadas personas que ni siquiera se imaginaba”, dice Fernández. Pero acota que se debe mejorar.
El abogado y catedrático Felipe Rodríguez dice que los ‘traspiés’ se ven más en casos públicos. “En casos sin prensa no ocurre porque fiscales y abogados conocemos tan bien el procedimiento que es imperdonable cometer errores”.
Añade que, en los casos mediáticos, los fiscales quieren lucirse y se arriesgan, pensando que todos los jueces, también presionados por el público y la opinión pública, se harán de la vista gorda. Destaca que “lamentablemente ante el apuro, falta de prolijidad y ánimo de entregar al país un populismo penal, en gran cantidad de casos, quiebran a los jueces”. Precisa que los casos que no prosperan son la minoría, “es decir, la minoría de casos en que los jueces no se dejan presionar”.
Edwin Romero es el defensor de la familia del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez asesinado el 30 de septiembre de 2010 durante la salida del expresidente Rafael Correa del hospital de la Policía.
El proceso que investigaba a dos militares por la presunta autoría de esa muerte fue anulado por supuestos errores del exfiscal Fabián Salazar, según señaló la jueza Ximena Rodríguez, quien llamó la atención del exfuncionario.
Romero cree que el problema que hay en la Fiscalía es que para formular cargos y tipificar el tipo penal no se basan en los hechos delictuosos o en los elementos de convicción que constan en el proceso. “Lo que hacen algunos fiscales es formular cargos mediante concurso real de infracciones, que puede ser la formulación de cargos por tres tipos penales y el que le resulta mejor lo sostiene para realizar una acusación fiscal, sea en la etapa intermedia o de juicio”, considera.
OTRO CASO
Un tribunal de la Corte de Pichincha anuló el caso pases policiales en el que se investigaban los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
5 AÑOS
estuvieron con medidas sustitutivas los tres procesados en el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio.