Audiencia contra exfuncionarios de la Secom
Investigados por tráfico de influencias en caso que liberó a primo de Glas
La jueza Irene Pérez, de la Unidad Judicial Penal Iñaquito, en Quito, convocó para el próximo 13 de febrero a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra cuatro exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Comunicación (Secom).
La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras emitir un dictamen a favor de Ricardo Mauricio Rivera Ponce y la empresa Televisión Satelital S. A. (SAT), en un proceso penal que se sigue por el delito de tráfico de influencias.
La FGE aclaró los motivos por los cuales decidió absolver al hijo de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, ambos detenidos por el caso Odebrecht. “Esta decisión es independiente de la sentencia en firme que cumple el señor Ricardo R. P. (Rivera Ponce) por asociación ilícita por el caso Odebrecht”, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Según se explicó, en diciembre de 2019, el fiscal Álex Castillo, de la Unidad de Administración Pública, presentó un dictamen abstentivo a favor de Rivera Ponce y la empresa Televisión Satelital S. A. (SAT), por cuanto las personas jurídicas no eran sujeto de sanción a la fecha de los supuestos hechos (julio de 2015) y en virtud de que Rivera no era sujeto activo calificado, como establece el tipo penal, al no ser funcionario público.
La Fiscalía afirma que el proceso continuará en contra de cuatro exfuncionarios de la Secom (ahora Secretaría General de Comunicación de la Presidencia), quienes habrían participado en el hecho. Se trata de Galo Pacheco Vásquez, exsubsecretario de Medios Institucionales; Juan Chiriboga Arteta, excoordinador administrativo financiero; Paul Alejandro Mena Zapata, excoordinador de asesoría jurídica; y Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario nacional de Comunicación.
Los cuatro fueron vinculados al proceso, en la audiencia de reformulación de cargos que se desarrolló el 10 de julio de 2019, en contra de Rivera, Pacheco y SAT, que inicialmente fueron investigados por un delito de peculado.
La indagación nació de un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Secom, del 1 de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2017.
Se analizó el convenio de pago para proveer el servicio de dos unidades móviles que dieron cobertura a las actividades que realizó el papa Francisco en Ecuador (en el Parque Bicentenario / Santuario del Quinche).
EL DETALLE
Valor. El monto del convenio de pago fue por 89.600 dólares, incluido el IVA. La Fiscalía determinó varios elementos de descargo a favor de Rivera y SAT.