El ajuste apunta a disminuir la nómina administrativa
Maldonado desmiente que se hayan elevado sueldos de altos cargos
El “dramático” recorte presupuestario que afronta el Consejo de la Judicatura (CJ) ha obligado a la entidad a buscar la optimización de recursos que podría dejar fuera a unos 348 funcionarios, de los 11.626 que laboran a nivel nacional.
La Dirección General, junto con el área de Talento Humano, trabaja en una propuesta que supondrá la aplicación de cuatro mecanismos para lograr ese objetivo: la terminación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas.
“Para todos estos mecanismos, el ministerio de Economía y Finanzas tendrá que, en base a la propuesta que presente la Judicatura,
ubicar los recursos correspondientes”, detalló Pedro Crespo Crespo, director general del CJ, en una rueda de prensa que ofrecieron las autoridades de la Judicatura, en Guayaquil. El evento se centró principalmente, en la terminación de los nombramientos a 265 notarios del país, cuyo periodo concluyó en 2019; pero que están en funciones prorrogadas hasta que se realice un nuevo concurso que, hasta la semana pasada, no había sido considerado en la agenda 2020 de la Judicatura por falta de presupuesto. Ayer se lo anunció, pero no hay fecha de convocatoria.
Crespo aseguró que la disminución del personal (de un 2 a 3 %) obedece a un estudio técnico que se ha realizado. El recorte del presupuesto ha sido sistemático, “tanto, que en el mes de septiembre, fueron múltiples los recortes en varias partidas y se concluyó con un recorte de más de 11 millones de dólares a la partida 51 de personal”, dijo Crespo. Para este año, se tenía previsto un presupuesto de 330 millones de dólares, 30 millones menos que en 2019. El recorte es “bastante dramático”, califica el funcionario, lo que “afecta hasta en varios gastos corrientes”.
María del Carmen Maldonado,
presidenta del CJ, desmintió que exista una revalorización de sueldos de los vocales.
“Somos conscientes y coherentes con el grave problema de austeridad que atraviesa el Estado...”, aseveró.
EL DETALLE
Desvinculados. En diciembre se desvinculó a 186 personas que laboraban bajo las modalidades de contrato y proyectos de inversión, estos examinados por la Contraloría.