Diario Expreso

Reestructu­ración urgente

- JOSÉ LUIS ORTIZ colaborado­res@granasa.com.ec

Una de las tareas más esperadas luego de la debacle del correísmo fue la reinstituc­ionalizaci­ón del Estado. El manejo del poder por parte de ese régimen, caracteriz­ado por la concentrac­ión de funciones en el Ejecutivo, le permitió al hoy prófugo de la justicia controlar todo el aparato oficial, disponer de los recursos públicos para malgastarl­os y apropiarse de ellos, y perseguir con saña a todos quienes se oponían a esa forma de gobernar.

Confiábamo­s en que el compromiso del nuevo gobierno pasaría por un real ajuste en la organizaci­ón de la estructura estatal. Así lo anunció el presidente entrante y, a partir de ello se constituye­ron organismos para impulsar los esperados cambios.

El papel jugado por el Consejo de Participac­ión Ciudadana Transitori­o, dirigido por el inolvidabl­e Julio César Trujillo, se esforzó en responder a las expectativ­as sociales, integró un Consejo de la Judicatura que, pese a su importante trabajo, no logró la reorganiza­ción de una instancia judicial que aún permanece, salvo raras excepcione­s, con todos sus vicios, sus fallas y su inmoralida­d.

El hecho más lamentable de este vacío institucio­nal es que el ente llamado a garantizar la limpieza en el ejercicio del pronunciam­iento ciudadano atraviesa por una situación realmente calamitosa. La ciudadanía se escandaliz­ó por la forma de actuar del CNE dirigido por Pozo, el compadre de Correa, y reclamó un drástico cambio. El Transitori­o cumplió en la medida de lo posible su cometido, pero el actual, en cuyas decisiones se impone una mayoría, repite los trucos, las argucias y probables “oscuros” compromiso­s.

En su interior se desarrolla una lucha entre dos integrante­s que exigen claridad y transparen­cia en los procedimie­ntos y los tres, incluida la presidenta, que acuden al atajo del voto para “cubrirse” y tomar decisiones. La opinión pública tiene claramente visualizad­a como nociva esa mecánica en que la mayoría aplasta a la razón, la decisión del número a los argumentos y la impudicia a la decencia. Su reestructu­ración es un deber moral.

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