Más agilidad como protección
Se oficializó una herramienta de medidas de salvaguarda para las víctimas de la violencia ❚ Funcionará mediante el sistema Satje de la Función Judicial
En Ecuador seis de cada 10 mujeres siguen siendo víctima de violencia. La cifra en algunas provincias es superior y se repite año a año.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cree que “la violencia contra las mujeres en el Ecuador es una pandemia”.
La alerta se presentó durante el lanzamiento del sistema digital de medidas de protección para víctimas de violencia, que se hizo ayer en el Complejo Judicial del norte de Quito.
Romo fue una de las seis titulares de instituciones que trabajan coordinadamente en la implementación de medidas de protección en asistir al acto.
Es un modulo externo para otorgar las medidas, señaló la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. La finalidad es automatizar la solicitud y entrega de medidas de protección administrativas y penales, de manera ágil, rápida y oportuna.
Las víctimas pueden acudir a las tenencias políticas, juntas cantonales de protección de derechos, intendencias o en las comisarías para las medidas administrativas. Mientras que en el caso de las penales se puede solicitar en las fiscalías.
La ministra Romo urgió en la necesidad de detener esa violencia porque “merecemos vivir en sociedad de personas libres e iguales”, destacó.
Romo informó que el Ministerio tiene 2.634 puntos de protección para atender violencia de género. Dijo que es la institución con mayor número de funcionarios dedicados a trabajar en este tema.
El Ministerio cuenta con 756 tenencias, 253 comisarías, 24 intendencias facultadas por la ley, para expedir medidas de protección, prevenir y sancionar este delito.
A eso se suman 35.000 policías que trabajan en esa área a través de 22 unidades de vigilancia comunitaria y 1.579 Unidades de Policía Comunitaria; con más de 34.000 agentes que fortalecen el eje preventivo.
La ministra recordó que en 2019 se otorgaron 2.860 medidas administrativas en el país. La mayoría en Pichincha, Tungurahua y Azuay. De ese número hubo inconvenientes para un teniente político que fue acusado por un juez de usurpación de funciones por dictar medida administrativa prevista en la ley. Pidió mayor compromiso de capacitación.
La ministra recordó que en 2018 se registraron más asesinatos por violencia interpersonal que por violencia criminal.
Casi la mitad de asesinatos tiene que ver con la forma como nos relacionamos, expresó. El año pasado se recibieron más de 100.000 llamadas de emergencia que tenían que ver con ese tema.
Tras el lanzamiento de la herramienta digital, Susana Robalino, teniente política de Pomasqui, en el norte de Quito, será la primera en implementar el proyecto, anunció Romo.
La fiscal Diana Salazar ofreció que como aporte al proyecto la Fiscalía entregará 800 firmas digitales gratuitas a los fiscales del país, eso incluye a los 308 fiscales de género. Se hará a partir de marzo. Añadió que habrá énfasis en la capacitación del personal.
La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, aportó que proyectos como el Satje garantizan el derecho a la justicia que todos merecemos.
Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, enfatizó que el objetivo de promover la comisión mixta es un hito histórico en el país. “La solución no está solo en la judicialización, debe haber un camino de diálogo y de corresponsabilidad ciudadana, para que la voz de las mujeres violentadas sea escuchada”, añadió.
EL DETALLE
Objetivo. Rosa Tapia, del Consejo de Competencias, señaló que el esfuerzo entre instituciones es el camino para alcanzar la meta de menos violencia.
LA VIOLENCIA MUCHOS ROSTROS
■ Para la fiscal general Diana Salazar “la violencia de género tiene muchos rostros que terminan con la vida de las mujeres”. Reivindicó que ante esta realidad, las instituciones se unieron para restablecer sus derechos dando agilidad al proceso de las medidas administrativas y judiciales.