El precio de la gasolina vuelve a la mira del ajuste gubernamental
Jornadas especiales de trabajo para funcionarios administrativos
El objetivo es
◗ aplicar un modelo que adapte el costo al del mercado.
La vía del recorte
◗ en el sector público pasa por reducir la jornada.
Un cinturón más ajustado para el sector público. El presidente Lenín Moreno aprovecha el panorama para nuevas medidas de ajuste y ahorro en dicho sector. Una de ellas es la organización de jornadas especiales de trabajo. Se plantea una reducción de las horas de labor con una adaptación de los sueldos en proporción a lo trabajado. Esa propuesta no dejará de tener consideraciones especiales para exonerar de la reducción a sectores como los de salud y seguridad. Es decir, para que los policías, guías penitenciarios, médicos y otro esenciales sigan trabajando bajo la jornada normal con el pago de sus salarios sin reducción, no así aquellos funcionarios que realicen, por ejemplo, labores administrativas.
Otra de las medidas contempladas por el primer mandatario es la eliminación y liquidación de empresas públicas, así como la fusión de algunas secretarías nacionales y de ministerios de Estado.
El subsidio a la gasolina también tiene un espacio en las medidas para encontrar liquidez, con el planteamiento de un modelo diferente que, si bien no retira el subsidio, permite aprovechar el bajón del precio y mantener una fluctuación del costo en función del valor de mercado con algunos controles.
Las propuestas llegan luego de la aprobación de las leyes de Apoyo Humanitario para Combatir el COVID-19 y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en la Asamblea Nacional. La primera, en su texto original, contenía un paquete de contribuciones solidarias a los ciudadanos y empresas para enfrentar la crisis y poscrisis del coronavirus. Estas contribuciones fueron eliminadas por pedido de Moreno con el objetivo de obtener los votos necesarios para aprobar el documento. Con estas aportaciones ciudadanas el Gobierno pretendía recaudar $ 900 millones de los ciudadanos y $ 517 millones de las empresas, según el Servicio de Rentas Internas. Ambos textos, informó la Asamblea Nacional, ya fueron remitidos al Ejecutivo para su veto parcial, total o su aplicación.