La Corte prohíbe la salida del país de Alexandra Ocles
La exfuncionaria fue procesada por tráfico de influencias en la Corte
La Corte Nacional formula cargos contra la exdirectora de Riesgos por tráfico de influencias en compras de insumos.
a jueza nacional Daniella Calmacho
ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad competente de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, y otros cuatro funcionarios investigados por presunto tráfico de influencias.
En la audiencia de ayer, la Fiscalía solicitó a la jueza que disponga la prisión preventiva de Ocles, de César Egas Vaca, Jorge Obaco Álvarez y Mauricio
Carvajal Ballesteros en el marco de la indagación de presuntas irregularidades en la compra de kits alimenticios durante la emergencia sanitaria.
La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal después de analizar el contrato.
Para Ramón Rivadeneira García, el Ministerio Público pidió la prohibición de salida del país y presentación periódica por estar contagiado de COVID-19, según su abogado José Garzón. El primer pedido fue negado y todos tienen orden de arraigo.
Además, la magistrada dispuso la retención de 5.000 dólares a cada procesado para cumplir con una posible reparación integral y la prohibición de enajenar bienes por 475.638,80 dólares.
Guido Prado, abogado de Ocles, argumentó que la Fiscalía no fue objetiva al pedir la prisión preventiva de su defendida. Citó resoluciones de la Corte sobre la prisión preventiva y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sostener su argumento. Además dijo que Ocles es madre soltera y tiene a su cargo a su progenitora, delicada de salud.
En su turno de intervención, Ocles expuso que nunca ha utilizado su cargo para beneficiar a nadie y que está presente porque es la primera interesada en que se investigue en justicia y no por una presión mediática. Ratificó su disponibilidad para colaborar en la investigación. A la salida de la audiencia, la exfuncionaria dijo que se sentía tranquila, pues “la verdad siempre iba a primar”.
Silvia Sánchez, abogada de Egas; y Javier Vanegas, defensor de Obaco, coincidieron con Prado en que la petición de la Fiscalía fue desproporcionada.
Stalin Raza, abogado de Carvajal, se sumó al criterio de sus colegas y además dijo que el pedido debió estar motivado y no contradictorio al afirmar que existe peligro de fuga cuando hay fronteras y aeropuertos cerrados. La instrucción fiscal durará 90 días.