Asambleístas ponen el acento en los ajustes en la función pública
La preocupación ronda el recorte que también se ve como medida necesaria
Tras un mes de debates y tiranteces en la Asamblea por los puntos críticos de las dos reformas económicas urgentes, el anuncio presidencial ha tomado espacio entre los legisladores. Unos no están convencidos de unas medidas que otros ven como necesarias y oportunas dada la situación fiscal nacional.
La coordinadora del bloque de Alianza PAIS, Ximena Peña, pese a formar parte del oficialismo, adelantó que no hay una posición única dentro del bloque para después exponer su preocupación por el ajuste en la función pública. A su criterio, lo “que más temor da” es el tema de los despidos y la reducción de salarios. Considera que, a futuro, la medida tendrá una repercusión en la capacidad de consumo de la gente, lo que también golpeará a las empresas en la producción por la falta de demanda.
En cambio, el asambleísta César Rohón (PSC) ve como acertada la decisión del Gobierno de tomar esas medidas de estrechez, en donde destaca la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos, lo que representa un ajuste del 25 %, y de donde saldrá los $ 980 millones que necesita el Gobierno.
La duda del legislador de oposición es cuál será el proceso de renegociación de la deuda externa, qué porción de capital y de dónde se han quitado esos $ 1.300 millones, qué porción de interés se ha quitado y de dónde. “El direccionamiento del ajuste creo que va por buen camino, y creo que hay que hacerlo, pero con transparencia”, afirmó.
En relación a los combustibles,
Ximena Peña cree se necesita una mayor explicación del presidente Moreno sobre este tema, para tener claro cómo se va a implementar. Sin embargo, coincidió en que el de subsidios era un tema que se debía revisar, ahora lo que hay que saber es en qué condiciones se lo implementa, a qué sectores.
Las voces más críticas llegaron de la bancada correísta que han buscado constantemente capitalizar a su favor la impopularidad que genera retirar el apoyo estatal a las gasolinas. “No se necesitaba una ley para poner un paquetazo que querían, y ya lo han puesto. Se están cumpliendo los sueños más preciados del neoliberalismo criollo, y esto es la precarización laboral, la eliminación del subsidio a los combustibles, y han construido este enemigo público que es el funcionario público al que le suelen afectar”, sostuvo el asambleísta Pabel Muñoz (RC). Retomando los cálculos del Gobierno sobre el efecto de las medidas, coincidió con Ximena Peña en hablar de una merma en el consumo.