“Hay sentenciados que no están imposibilitados de contratar”
En medio de los escándalos de corrupción relacionados con la emergencia sanitaria, la fiscal general del Estado aún tiene una extensa agenda de investigaciones por atender.
La fiscal Diana Salazar cuenta detalles de las investigaciones sobre corrupción que investiga la Fiscalía, entre ellos el caso Sobornos y las sospechosas compras de la Secretaría de Riesgos y del Seguro Social.
Los días de la cuarentena fueron de intenso trabajo en la Fiscalía General del Estado. Se hicieron 22 operativos en 19 ciudades. 18 se encuentran ya en investigación previa y tres en instrucción fiscal, por delitos relacionados con abusos de los recursos del Estado. Estos casos se suman a una lista enorme de investigaciones anticorrupción, algunas de las cuales demoran años...
− Hubo una actividad inusitada de la Fiscalía en esta cuarentena. ¿Está siendo utilizada la Fiscalía en un enfrentamiento político al interior del Gobierno?
− La Fiscalía no actúa según agendas políticas. La actividad de estos días se debe a la denuncia ciudadana. Cuando tenemos conocimiento de un posible hecho punible, actuamos. Puede ser una noticia de un medio digital o la denuncia de un funcionario, como ocurrió con un pedido del gobernador de Los Ríos.
− A veces resulta más efectivo procesar la corrupción del Ecuador en Estados Unidos. El caso Seguros Sucre, por ejemplo, proviene de una investigación abierta allá. ¿Dónde queda la actuación de oficio de la Fiscalía?
− A raíz de una operación realizada en Estados Unidos, la Fiscalía actúa de oficio. Antes de esa operación no conocíamos de esa trama de corrupción. En el caso Petroecuador, por ejemplo, ¿cómo llegamos a conocer de la estructura de empresas en Panamá que mantenían Carlos Pareja Yanuzzelli y Álex Bravo? Gracias a la filtración de los Panama Papers. Lo importante está en no dejar estos casos en la impunidad una vez que llegamos a conocerlos.
− ¿Qué opina usted del hecho de algunos de los sentenciados del caso Sobornos continúen siendo contratistas de municipios?
− Estas personas tienen una sentencia de primer nivel, no una sentencia en firme. Conservan su estado de inocencia y no están imposibilitados de contratar. Sin embargo, aquí deberían imponerse otros criterios. Una institución que necesite contratar, por lo menos ha de revisar los antecedentes de sus potenciales contratistas. Más allá de lo legal, debería haber un análisis de probidad, se podría decir, de los contratistas. Porque hay temas que tienen que ver con ética, con la justicia, y no solamente con lo legal.
− Alexandra Ocles está siendo procesada por el sobreprecio en cajas de alimentos. ¿Por qué no está siendo procesado Paúl Granda por un caso muy parecido de sobreprecio en mascarillas para un hospital del IESS? ¿Por qué se apuntó a funcionarios de menor rango?
− Porque Paúl Granda no suscribió ningún contrato. Alexandra Ocles, sí. En el caso de las mascarillas, el señor Ángel Loja, de quien ya vamos a solicitar la formulación de cargos, pasó por alto la autorización del directorio, que incluía a Paúl Granda. Según la Ley de Seguridad Social, para realizar una contratación por un definido monto se debe pedir autorización del directorio y esa autorización no existió.
− La mayor crítica que usted ha recibido tiene que ver con Odebrecht. ¿Por qué no se incluyó a la constructora en la lista de procesados del caso Sobornos?
− Partimos del periodo de investigación: 2012-2016. Solo a partir de 2014 existe responsabilidad penal de personas jurídicas, antes existía solo de personas naturales. La persona natural, en este caso el representante de Odebrecht, era José Santos, ya sentenciado en Brasil. En derecho, una persona no puede ser sentenciada por la misma causa por más de una vez. Al procesar a Odebrecht, la causa con relación a José Santos no podía continuar porque él no habría podido venir a responder ante las autoridades ecuatorianas. Pero hay otra razón que tiene que ver con un principio de cooperación. ¿En cuántos países, a excepción de Brasil, Odebrecht o sus funcionarios han sido procesados? Yo me atrevería a decir que en ninguno. Esto tiene que ver con un acuerdo de cooperación macro del cual no puedo revelar los detalles porque me lo impide una cláusula de reserva. Así se vienen comportando todos los países, con el único fin de obtener toda la cooperación. En materia de cooperación eficaz, que es una técnica especial de investigación contemplada en las convenciones internacionales, se establece que no se tiene que angustiar a las personas que cooperan. Porque si el testigo se asusta, la información no fluye. Si yo tengo una sentencia en Brasil y me veo abocado a ser sentenciado también en Ecuador, ¿para qué voy a cooperar con el Ecuador si igual me van a sentenciar? Por eso es que a veces tenemos que tomar esa clase de decisiones. Tiene que ver estrictamente con el derecho.
− Durante la instrucción del caso Odebrecht, Ecuador pidió a Suiza acceso al servidor de Odebrecht. ¿Por qué aún no hemos accedido a esa información?
− Suiza tiene una legislación compleja en relación al acceso a la información. La Fiscalía ha suscrito convenios con el Instituto de Basilea, que tiene a su vez un convenio con las autoridades suizas. No puedo revelar detalles porque hay cláusulas de confidencialidad y reserva. Pero por ejemplo, en el caso INA, solicitamos información y Suiza respondió que, de acuerdo a su legislación, se requiere un levantamiento
Con China estábamos a punto de lograr acuerdos concretos de cooperación y llegó la pandemia. Ahora está todo suspendido hasta que vuelva la normalidad.
de inmunidad. Estamos activando los canales, a través del Instituto de Basilea con ese fin.
− Andorra es destino habitual de fondos ilícitos. Y la jueza de Andorra es un dolor de cabeza para los corruptos venezolanos. ¿Por qué no hemos explotado esa fuente?
− La sentencia que ya pesa sobre Alecksey Mosquera se logró gracias a la información de Andorra.
− ¿Y China, donde se encuentra la conexión con Jorge Glas?
− Con China hemos tratado de mantener relaciones de cooperación. Estábamos a punto de establecer acuerdos concretos y llegó la pandemia. Ahora está todo suspendido y esperamos retomar contacto cuando recuperemos la normalidad.
− También de China parece depender el caso Tomislav Topic, que siempre sale bien librado.
− La Fiscalía mantiene abierta una investigación previa, por lavado de activos, que estamos alimentando, no la hemos olvidado. Sí, gran parte de la información se encuentra en China y es allá hacia donde tenemos que acudir para solventar todos los temas. Porque una cosa son las noticias que circulan en redes, otra es la información que hay que sustentar ante los tribunales, que tiene que ser certificada, solamente ahí alcanza el valor de prueba. La investigación relacionada con el señor Topic la están llevando los fiscales de primer nivel. Ellos mantienen mi línea de investigación de cuando yo llevaba el caso. Y desde el momento en que ocupé máxima autoridad de la Fiscalía, mi prioridad ha sido mantener y establecer contactos con las autoridades chinas para recabar información.
Los sentenciados del
caso Sobornos conservan su estado de inocencia, no están imposibilitados de contratar. Pero hay cosas que tienen que ver con la
ética, no con lo legal.
¿En cuántos países, salvo Brasil, Odebrecht o sus funcionarios han sido procesados? Me atrevería a decir que ninguno. Esto se debe a los acuerdos de
cooperación.
− Hay casos que parecen detenidos: los diezmos en la Asamblea, los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas...
− Esos casos siguen avanzando, están en investigación previa. En el tema diezmos habíamos solicitado audiencia para formular cargos. Hay que agotar la fase investigativa porque luego las personas aducen que se les acusa sin pruebas. En el tema reconstrucción estamos haciendo un seguimiento importante. En algunos casos que tienen que ver con la contratación y la construcción de hospitales, la Fiscalía ya inició la respectiva instrucción fiscal, incluso hay una que ya tiene sesenta días de avance cuando apenas se está conociendo en público sobre posibles sobreprecios.
− Finalmente, ¿con qué criterio prioriza usted los casos? Es evidente que el caso Sobornos se convirtió en una prioridad a pesar de que implicaba un perjuicio menor a otros casos. ¿De qué depende?
− Priorizamos los casos no con relación a lo político o a lo mediático. Nos enfocamos en los elementos con los que contamos. Un caso que dependa de información en Islas Marshall, por supuesto que está priorizado, pero va a tardar mucho más que otros casos, cuya trama es nacional y en los que no dependemos de terceros. En el caso Sobornos la información estuvo aquí, no dependíamos de nadie. Sobornos fue particular porque la señora Pamela Martínez estaba por abandonar el país. Entonces hay que tomar decisiones urgentes. El momento en que inicio una instrucción fiscal, tengo noventa días y el caso se convierte en una prioridad. Paralelamente, todos los casos avanzan. Así es la institucionalidad. Todo tiene que ver mucho con la oportunidad y con que tengamos los elementos.
EL CONTEXTO
¿Por qué no procesó a Odebrecht? ¿Por qué demoran algunos de los casos emblemáticos de la corrupción en el país: los fondos del terremoto, los diezmos de la Asamblea, el caso Topic...? ¿Qué pasó con la colaboración penal con China? La fiscal responde todas las dudas...