La emergencia destapa casos de corrupción en hospitales
Se allanaron 14 casas de salud por denuncias de sobreprecios ❚ Proveedores actualizaron su actividad en la pandemia
La Fiscalía halla nuevos indicios de corrupción en la compra de materiales por el COVID-19.
Un excesivo sobreprecio, de hasta un 1.311 %, desata una estela de allanamientos.
Sospechas por todos lados. Desde el pasado 4 de mayo, la Fiscalía ha realizado allanamientos en varios hospitales del país, relacionados con la investigación por presuntos sobreprecios en la compra de insumos durante la emergencia por el COVID-19.
Adquisiciones y órdenes de compras que en total suman más de 5,2 millones de dólares divididos en 15 contratos de 14 casas de salud diferentes de la Costa y Sierra.
Los valores van desde 4.500 dólares por la adquisición de 100 trajes de protección por parte del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en Quevedo; hasta los 594.000 dólares gastados en 4.000 bolsas para embalar cadáveres por parte del Hospital General Los Ceibos de Guayaquil. También están los 3,2 millones de dólares que el Hospital Eugenio Espejo pretendía pagar por equipos de uso laparoscópico, pero cuyo contrato fue declarado desierto por el exdirector de la entidad.
En el caso de Quevedo, la entidad compró las prendas a 45 dólares, cuando en el mercado oscilan entre 11 y 12 dólares.
Mientras que en el de Los Ceibos, el Hospital adquirió las fundas por 148,50 dólares, cuando el precio unitario va desde los 12 dólares. En esta compra la Contraloría ya determinó en esta semana indicios de responsabilidad penal, debido a que los funcionarios de la casa de salud no buscaron a otros proveedores que ofrecieran menores precios que el de la compañía adjudicada.
La entidad de control halló un sobreprecio de 1.311 % en la adquisición de las bolsas para embalar cadáveres.
También hay overoles a 40 dólares en el Hospital Docente de Ambato, cuando en el mercado
cuestan menos de 13, y mascarillas N95 a casi 8 dólares la unidad, adquiridas por el Hospital del IESS de Machala.
De estos grandes contratos, adjudicados bajo la figura de emergencia, siete fueron dados a personas naturales que habían actualizado su actividad comercial entre marzo y mayo de este año, es decir, en medio de la emergencia sanitaria.
Además, hay otros que tienen poco o nada de relación con el sector salud, como el que vendió los overoles al centro de médico de Ambato, que aún se dedica al transporte terrestre de pasajeros, o como el que facturó 110.500 dólares por 3.400 trajes de bioseguridad a 32 dólares cada uno al hospital de Quevedo y cuya sede está en el local de una empresa de electrónica, ubicada en el norte de Guayaquil.
Otro proveedor que también vendió overoles al Hospital Docente de Ambato se dedica al comercio de productos de limpieza y su establecimiento matriz está ubicado en una casa de una urbanización de la vía a la costa.
En el sistema de compras nacional hay cientos de casos de proveedores que no cumplen con los requisitos mínimos normativos para comercializar dispositivos médicos, según denunció este 20 de mayo la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim).
Cristina Murgueitio, su directora ejecutiva, cuenta que ellos hicieron un cruce de información entre la base consolidada de procesos de dispositivos médicos y la base de permisos de funcionamiento del ARCSA durante 2 años. ¿El resultado?,
433 de 898 proveedores que ganaron los procesos de contratación no tenían permiso de funcionamiento.
“Queremos promover que la adquisición de dispositivos médicos se realice de la manera más adecuada porque hay competencia desleal”, señala. Y pide a la vez que exista transparencia en los procesos de compra de insumos médicos, pues hay muchas instituciones que no suben sus procesos al portal y eso les impide a ellos controlar las irregularidades.
A los 14 hospitales se suman otros 68 centros, distritos de Salud y direcciones provinciales del IESS, cuyos contratos están siendo analizados por la Contraloría. El ente también ejecuta 8 acciones de control a Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y 42 en los municipales.