Una mala redacción en el decreto causó confusiones, opinan constitucionalistas
El objetivo era actualizar la estructura orgánica de la Presidencia
Un decreto mal redactado. Eso es para el constitucionalista Rafael Oyarte el Decreto 1066 con el que, según la Secretaría de Comunicación, el presidente Lenín Moreno busca actualizar la estructura orgánica de la Presidencia.
Será a través de cuatro secretarías, según el documento. La emisión del decreto motivó interpretaciones que circularon en las redes sociales.
Que es un autogolpe de Estado, escribía Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, preso en Cotopaxi por corrupción en la trama de sobornos de Odebrecht.
Virgilio Hernández, exasambleísta procesado por hechos relacionados con la protesta indígena que paralizó el país en octubre, vaticinaba que ayer el presidente Moreno pediría licencia y que el decreto limita al vicepresidente Otto Sonnenholzner con Juan Sebastián Roldán “para cubrir su salida”.
Pero Oyarte habla de confusión. Cree que se originó cuando se lee que se le entrega al secretario de la Presidencia el ejercicio de la potestad nominadora de esa institución. Opina que lamentablemente el decreto no tiene una redacción feliz y eso generó la confusión.
En su decreto el presidente otorgó una veintena de atribuciones a la Secretaría General, encargada a Johana Pesántez, secretaria jurídica, tras la salida de Augusto Briones.
Entre ellas ejercer la representación legal de la Presidencia, ejercer la autoridad nominadora de la Presidencia, dirigir, controlar, supervisar y coordinar la ejecución de la agenda, de todos los asuntos de despacho, los asuntos logísticos, coordinar la Casa Militar, autorizar eventos, entre otros.
A la Secretaría Jurídica dirigida por Pesántez le encargó 13 atribuciones. Entre ellas, asesorar jurídicamente al presidente y autoridades de la institución, representar y patrocinar judicial y extrajudicialmente al presidente, comparecer en cualquier calidad en nombre del presidente y en su representación ante la Corte Constitucional y ante los distintos órganos de la Función Judicial y otras.
La Secretaría de Gabinete a cargo de Sebastián Roldán tendrá 13 tareas. Entre ellas, asesorar políticamente al presidente, ejercer las funciones de portavoz en nombre de la Presidencia en temas que el presidente disponga, entre otras.
La Secretaría de Comunicación a cargo de Gustavo Isch tendrá 10 atribuciones. Entre ellas velar que la comunicación gubernamental aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, educativa, cultural, social y otras.
Las secretarías podrán contar con subsecretarías y los asesores requeridos. En 30 días la Secretaría de la Presidencia y los ministerios de Trabajo y de Finanzas deben realizar las acciones administrativas que se requieran en la estructura orgánica de la presidencia.
En un comunicado la Secom señaló que el decreto “actualiza la estructura orgánica de la Presidencia” y aclaró que el presidente no “ha delegado sus funciones a la Secretaría General de la Presidencia”.
Dice que la entidad ya se ha encargado de temas administrativos, de la representación legal y es la autoridad nominadora (contrata personal) de la Presidencia. Finalmente justifica que el decreto fue emitido una vez que la Secretaría Anticorrupción fue eliminada, con ello la última entidad quedó conformada con las cuatro secretarías que ya han estado funcionando.