A la espera de pronunciamiento del Ejecutivo
Los gremios piden el veto parcial al artículo 3 de ley aprobada
La aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario sigue creando reacciones. En la Asamblea Nacional se está a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo, quien tiene 30 días de plazo para sancionarla u objetarla; sin embargo, ahora el debate se reabrió en el Legislativo ante el planteamiento de los presidentes de las agremiaciones de instituciones educativas particulares y fiscomisionales de la Costa, Sierra y Amazonía, que piden al presidente Lenín Moreno un veto parcial al artículo 3 de la ley aprobada por los asambleístas, referente al cobro de las pensiones escolares.
Legisladores consultados por EXPRESO tuvieron diversas posiciones sobre lo que ha ocurrido con la educación particular; sin embargo, hubo una coincidencia entre ellos, todos apoyan la propuesta de una objeción a los textos aprobados por una mayoría de 74 legisladores.
Las visiones son distintas, unos consideran que durante los doce últimos años ha existido una posición desde el Gobierno por “desaparecer” a la educación particular.
Desde otra óptica se señala que los dueños de los establecimientos ven a la educación como un negocio, dejando de lado el bien común que es el niño, y que la normativa está dirigida a las instituciones que tienen pensiones muy altas.
En lo que también coincidieron los asambleístas es en que el sistema público no está preparado para recibir a los estudiantes de las instituciones particulares, por lo que reiteran la necesidad de que el Estado colabore con un subsidio a los colegios por los estudiantes que no puedan, justificadamente, pagar, o también dando becas, para que estas instituciones puedan seguir brindando sus servicios y evitar el cierre.