Posible contagio, pero no de virus
Cuatro fiscales de la Unidad de Administración Pública participaron en la operación ❚ Se compraron mascarillas en $ 6,7, el doble de lo que cuestan
Agentes de la Policía retiran computadoras del edificio de la Prefectura del Guayas, allanado por la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía, que investiga un nuevo caso de posible sobreprecio en la compra de mascarillas en medio de la crisis sanitaria. El prefecto Carlos Luis Morales dijo que dispuso no pagar al contratista.
Cuatro fiscales de la Unidad de Delitos de la Administración participaron ayer en los allanamientos registrados en la tarde, como parte de la investigación abierta por la sospecha del delito de peculado en las compras emergentes efectuadas por la Prefectura del Guayas, amparados en el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Aún se desconoce el número de contratos de adquisición que entraron en la investigación fiscal, pero extraoficialmente se conoció que entre ellos está incluida la adquisición de 70.000 mascarillas N95, en 6,71 dólares cada una y de 5.000 pruebas rápidas, a 23,10 dólares cada una. Las compras totalizan 585.500 dólares.
A la lista de productos adquiridos en la emergencia se agregan guantes, tanques de oxígeno y alimentos que han sido entregados en las zonas rurales de los 25 cantones de la provincia del Guayas.
El allanamiento del edificio de la Prefectura del Guayas, ubicado en Malecón e Illingworth, empezó pasado el mediodía y tardó más de tres horas, en medio de estrictas medidas de seguridad y el hermetismo del personal del gobierno provincial, que no pudo salir hasta que terminaron las pericias. Los policías sacaron discos duros y carpetas con documentación, bajo una cadena de custodia. Casi al mismo tiempo, un inmueble de la calle Córdova y Junín, en el centro de Guayaquil, también fue allanado. En el lugar, se indicó, funciona la empresa proveedora de las mascarillas y las pruebas rápidas.
Los policías y fiscales ingresaron cuando la sala de comunicación de la entidad emitía por las redes sociales el pronunciamiento del prefecto, quien no estaba en el edificio. En él, Carlos Luis Morales indicaba que “ante el sistemático y malintencionado ataque que se está dando en las redes sociales” había ordenado que por ningún motivo se pague un solo centavo al contratista proveedor relacionada con las compras de las 70.000 mascarillas KN95 y 5.000 pruebas de COVID-19”. Otra disposición, dijo, era la inmediata desvinculación del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación.
Morales justificó su ausencia en la Prefectura, asegurando que “la emergencia lo mantiene fuera de Guayaquil, y que “esto limita su tiempo de control exhaustivo”, pero no su “firme decisión” de no tolerar, impedir y hacer que se sancione cualquier acto de corrupción en la entidad.
Con esta investigación fiscal, la Prefectura del Guayas se suma a la extensa lista de gobiernos provinciales y municipales indagados por la Fiscalía por sospechas de corrupción en las adquisiciones hechas por la emergencia sanitaria por el coronavirus. La Contraloría también está haciendo exámenes a estas compras.
Tras conocerse el precio de las mascarillas adquiridas por la Prefectura, el líder político Guillermo Lasso, quien lidera el fideicomiso Salvar Vidas, dijo que es “increíble que haya instituciones que paguen seis dólares o más por mascarillas que no valen más de tres dólares en el mercado.
“Ecuador parece estar descuajaringado por el abuso de un sistema corrupto que no se detiene ni frente a una pandemia. Hay gente que cree que no estamos atentos a sus desproporciones y abusos de poder. Ya no roben, carajo, que tienen a Ecuador descuajaringado”, expresó.
EL CONTEXTO
En mayo de 2019, el prefecto Carlos Luis Morales dijo que iba a luchar contra la corrupción. Acusó a su antecesor Jimmy Jairala de cometer actos de este tipo.