La Fiscalía, tras dos casos sospechosos de sobreprecio
Hay intervención en el Municipio de Quito y Prefectura del Guayas
Las compras de insumos por parte de entidades públicas para combatir la pandemia del COVID-19 siguen generando cuestionamientos por los precios pagados. Ahora, la Fiscalía investiga adquisiciones efectuadas por el Municipio de Quito y la Prefectura del Guayas. En el primer caso, se trata de 100.000 pruebas PCR compradas con urgencia, aunque un mes después solo se han aplicado 1.000. En el segundo caso, por mascarillas adquiridas a un precio de 6,7 dólares, el doble de su costo en el mercado. En ambos casos hubo allanamientos.
La lupa a un contrato de insumos por la pandemia de coronavirus que pudiera tener sobreprecio ahora se puso en la adquisición de 100.000 pruebas PCR, a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
La llegada de esos insumos fue promocionada ampliamente por el Municipio. De su aplicación dependía el conocimiento de los sitios con mayor contagio en la capital y la posibilidad de tomar decisiones. Una de ellas la posibilidad de cambiar a amarillo el color del semáforo que se mantendrá en rojo hasta el 3 de junio.
A pesar de la urgencia, más de un mes después, de las 100.000 pruebas, se aplicaron menos de 1.000.
El lunes EXPRESO informó que desde el 4 de mayo, la Fiscalía hizo allanamientos en hospitales del país, relacionados con presuntos sobreprecios en compras de insumos por el COVID-19. Las adquisiciones y órdenes de compras alcanzan 5,2 millones de dólares divididos en 15 contratos de 14 casas de salud de la Costa y la Sierra.
La Fiscalía hizo ayer temprano cuatro allanamientos que incluyeron el domicilio del secretario Lenin Mantilla y de la proveedora. Como esta, existen más de 20 investigaciones en curso, indicó la Fiscalía.
La Contraloría ha iniciado 50 acciones de control a adquisiciones efectuadas por distintas instituciones, gobiernos autónomos descentralizados en distintas provincias del país. En la lista están contrataciones en Guayas, Manabí, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos, Pichincha, entre otras.
Las sospechas de posibles anomalías en la adquisición de pruebas para Quito que, según epidemiólogos, se encuentra en el pico más alto de contagio en estos días, empezaron a inicios de mayo. La demora en la aplicación de pruebas a agentes de Tránsito que hasta pensaron en contratar laboratorios privados, despertó interrogantes.
El concejal Bernardo Abad señaló a este Diario que la semana del 12 de mayo empezó a recibir inquietudes y denuncias de policías metropolitanos, de agentes de Tránsito y funcionarios municipales que no se estaban tomando las pruebas ofrecidas. La Comisión que preside pidió que Mantilla responda. El martes compareció por más de una hora a la sesión virtual del Concejo Metropolitano. Explicó paso a paso la contratación. Dijo que se invitó a varias empresas a que presenten ofertas. Entre ellas Roche y Global 360. Alguna, la más barata, no cumplió los requisitos de la ley de contratación, otra oferta tenía vigencia de dos días y una última dijo que no podía proveer los insumos que estaba al límite.
Mantilla les pidió a los concejales que se transporten a marzo y abril. “En ese momento el mundo entero necesitaba hacer pruebas PCR por millones y era donde más escaseaban y donde había una demanda brutal”, les decía. Hablaba de “una especie de piratería y secuestro de insumos, de respiradores, de pruebas en todo el mundo por la necesidad”.
Todo para justificar la adquisición de las 100.000 pruebas por 3’774.000 dólares. El ofrecimiento inicial de la Alcaldía eran 200.000 pruebas.
En las casi 1.000 pruebas aplicadas se registraron 51 casos positivos de COVID-19. El alcalde Jorge Yunda, quien anunció que en los próximos días se tomarán 1.500 diarias, separó a Mantilla y a su equipo para que puedan defenderse en el caso abierto por la Fiscalía de Pichincha.
Mantilla insistió en su exposición que durante el proceso “lo único que recibíamos de las empresas es que si no se contrata el precio va a subir”.
EL DATO
La Contraloría. La entidad a su vez ha iniciado 50 acciones de control a compras efectuadas por gobiernos autónomos de al menos seis provincias.
EL DETALLE
Oficio. Ayer, el alcalde Jorge Yunda anunció el envío de un oficio a la Fiscalía. El alcalde mostró su disposición a colaborar en las investigaciones.