El virus desató otra violencia contra la mujer
Los judiciales mantienen la demanda por el retraso en sueldos
Lideresas, periodistas, asambleístas, víctimas de agresiones en plena pandemia por su desempeño.
Amedias. Así quedó la auadiencia de acción de protección que presentó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
La diligencia se instaló la mañana de ayer, con representantes de todos los demandados, incluyendo el Consejo de la Judicatura y Procuraduría General del Estado, pero se difirió para el próximo 31 de julio, para continuar con el debate de las presuntas violaciones constitucionales que reclaman los judiciales, por el incumplimiento del pago de sus sueldos.
La diligencia se desarrolló con base en la demanda que presentó el juez Vinicio Palacios, presidente de la Aemaj, através de la cual los servidores judiciales del país reclamaban el pago de dos remuneraciones atrasadas (junio y julio). La primera fue depositada a las 18:30 del miércoles, lo que alivió el bolsillo de los judiciales.
Con orden judicial, la Judicatura dio paso a la transmisión de la audiencia, para conocimiento del público.
El abogado de Palacios, quien observó la diligencia desde otro escenario, reiteró que tanto la salud y la educación como la justicia son derechos prioritarios que tiene todo ciudadano en el país.
Detalló las fechas en que se depositaron los sueldos, desde el mes de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país. “Esa falta de pago (...) afecta a los servidores judiciales y a sus familias, a pesar de que ellos han estado en primera línea de batalla, han sido contagiados por la COVID-19”, resaltó el abogado.
El representante de Finanzas cuestionó que el demandante estuviera por vía telemática, además de la transmisión en vivo de la diligencia. Luego expuso las razones del retraso en los pagos de sueldos.
Marco Proaño, director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, expuso que las medidas adoptadas no son contrarias a la Constitución y que deben ser leídas en el contexto de la situación lamentable que está viviendo el país. “Hay una falta de ingresos y eso repercute en la ejecución de la proforma presupuestaria. De ahí que no se trata de la regresión de un derecho, se trata de que es necesario adoptar medidas que permitan de manera objetiva optimizar los recursos que tiene hoy en día el Estado. No hay discriminación”, indicó.
Representantes de la Judicatura expusieron los oficios entregados a Finanzas, dentro de los cuales se requirió el depósito para el pago del sueldo de los judiciales. Mencionaron la demanda que presentaron por los recortes presupuestarios que han tenido este año.