‘Prostibares’, redes de trata en la selva
La zona de la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil es el enclave idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas
Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a diez jovencitas. ARIANA DÍAZ ACUÑA, profesora unicersitaria
Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonía o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62 % de los casos son mujeres y en el 23 % niñas, en torno al 80 % de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente.
Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por COVID-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.
La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.
Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.
Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados
para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.
Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidos y casi no se habla
de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa
del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo -ahora como una de las pocas alternativas posibles- un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.
Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-RED de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo.
Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la COVID-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez”.
Forero no está sola. Cuenta con personas que actúan como enlaces en las tres orillas de este enclave internacional. En Islandia (Perú), Ivanés Favretto, alerta siempre que ve algún movimiento extraño. En Leticia (Colombia) es el padre Valerio Sartor, brasileño jesuita miembro del Sjpamservicio Jesuita a la Panamazonia y de la REPAM-RED Eclesial Panamazónica, quien ayuda a detectar, formar y sensibilizar sobre la trata para que se pueda evitar. En Atalaia do Norte (Brasil) está la madrileña Marta Barral, que también lucha contra el maltrato machista y otro tipo de abusos. “Es siempre igual: los padres de los niños, las niñas y los más jóvenes de la comunidad son engañados. Alguien llega al poblado y les ofrece una vida mejor para los más pequeños de la casa, estudios o quizá un pequeño empleo y formación profesional para lograr algunos ingresos para la familia”, explica Barral.
La realidad de pobreza y necesidad de estas comunidades, en su mayoría indígenas, hacen que ese método siempre funcione, pues lo primero es la supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconda la trata, la esclavitud, los abusos o el comienzo de un camino sin retorno. Por eso la sensibilización debe ser trasversal y generalizada y también el trabajo con la Justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.
LA PANDEMIA
El confinamiento ha implicado la cohesión comunitaria, pero las economías ilegales siguen operando y encuentran más grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.