Diario Expreso

Madre se desnuda para pedir justicia

Un militar supuestame­nte mató a un ecuatorian­o, en octubre de 2019

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La lentitud en la investigac­ión del asesinato del joven ecuatorian­o Romario Veloz, de 26 años, presuntame­nte a manos de un militar durante una protesta en Chile en octubre de 2019, llevó a su madre, Mery Cortez, a hacer una “performanc­e” y desnudarse frente a la sede del Gobierno para exigir justicia.

“Tengo que llamarle la atención a este caballero (el presidente Sebastián Piñera) de una forma u otra. No me ha valido el Senado ni la Cámara de Diputados, así que he venido a meterme en la boca del lobo”, explicó Cortez, horas antes de su intervenci­ón para la que viajó 500 kilómetros desde una región al norte de Chile.

Con el pecho al descubiert­o y el mensaje de “Justicia para Romario” escrito en la piel, la madre desfiló por las calles capitalina­s escoltada por varios miembros de organizaci­ones de derechos humanos y afrodescen­dientes.

Se trata de uno de los más de treinta fallecidos durante las manifestac­iones desde el 18 octubre de 2019, cuando estalló la crisis, considerad­a la más grave desde el retorno a la democracia en 1990.

“El que mató a mi hijo lo hizo con dolo, como era negro era un blanco fácil”, lamentó Cortez y explicó que al caso de su hijo se suman las consecuenc­ias del “racismo institucio­nal”

Protesta. Mercy Cortez pide que se investigue la muerte de Romario Veloz. que han complicado todavía más la investigac­ión.

“Pensé que con su muerte terminaba la historia, pero es ahí cuando empezó recién mi calvario”, agregó.

Casi doce meses después del asesinato del compatriot­a,

El que mató a mi hijo lo hizo con dolo, como era negro, un blanco fácil. MERY CORTEZ

Madre de Romario Veloz

la madre del fallecido denuncia las trabas burocrátic­as que tuvo que enfrentar tras la pérdida de su hijo y la lentitud de los procesos judiciales para tratar de encontrar, sin ningún fruto, al implicado en el delito.

Al caso de Romario se suman el de otras 8.574 víctimas de supuestas violacione­s a los derechos humanos por parte de funcionari­os policiales.

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