Cargos difusos contra María Paula Romo
El juicio político es sobre octubre, pero intentan incluir a los hospitales.
El juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, arrancó ayer, pero la Comisión de Fiscalización aún no sabe de qué nomás se la acusa. De un lado, están los cargos relacionados con la crisis de octubre del año pasado. Esos están claros: figuran en el informe que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que la Comisión conoció ayer oficialmente. De otro lado, está la acusación de dirigir un esquema de reparto político de los hospitales, que los interpelantes trataron de incluir a último momento, en calidad de “alcance”, pero no consta en el expediente remitido por el CAL. ¿Se incluirá en el juicio? La Comisión no tomó ninguna decisión.
Hubo, sí, un aparente acuerdo para hacerlo, pero ese acuerdo está de tal manera disuelto en un mar de retórica abstrusa y farragosa que bien podría no aplicarse nunca. O no significar nada.
La línea de tiempo de esta historia es de Ripley. En enero, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo plantean el juicio, ajustado estrictamente a los sucesos de octubre de 2019. El 9 de septiembre pasado (¡nueve meses más tarde!) el CAL lo aprueba. Al día siguiente, el 10 (o sea: tarde), los interpelantes piden incluir el tema de los hospitales. Esta semana el trámite aprobado por el CAL es remitido a la Comisión de Fiscalización (sin incluir ese tema ni ningún otro) y ayer empezó el juicio.
La posición de los interpelantes es clara pero sinuosa: la causal para destituir a Romo, dicen, es “incumplimiento de funciones”. Y bajo este membrete puede incluirse cualquier acto pasado o futuro de la ministra, conste o no conste en el expediente. Lo dijo Lourdes Cuesta: “El incumplimiento de funciones se dio en octubre de una forma. En enero presentamos esta solicitud. Desde enero, el incumplimiento de funciones se ha manifestado por otro tipo de actuaciones. La causal sigue siendo la misma, los hechos han variado y seguramente seguirán variando”. Los entendidos en derecho y técnica legislativa decidirán si esto es o no es una barbaridad jurídica.
¿Qué opinó al respecto la Comisión de Fiscalización? La única respuesta honesta que cabe ante esta pregunta es que quién sabe. La Asamblea es el reino de
la ambigüedad semántica y casi cada declaración puede tener varias interpretaciones.
José Serrano, que en la pantalla aparece a contraluz, como si estuviera interrogando a un preso político, y habla con la destreza verbal con la que escribe un niño de cinco años, dijo: “Considero pertinente que la causal para el juicio político está claramente determinada en torno al incumplimiento de funciones y es ahí donde debemos estar a lo que efectivamente se pueda exponer en torno al término de prueba”.
Marcelo Simbaña, cubriendo todos los flancos, despachó: “Dentro de lo que hemos podido leer y resolver, no está incluido ese alcance, entonces obviamente esta Comisión, bajo mi juicio y entender, deberíamos solicitar que se incluyan todos los elementos, o en todo caso, si es pertinente, posible y legalmente aceptable que se incluyen más elementos después de lo que estamos avocando conocimiento”.
En cuanto al presidente, Elio Peña, primero dijo que “Hay un expediente y creo que en principio es lo que tenemos que acogernos”. Pero luego de que Lourdes Cuesta expusiera sus razones, trastabilló: “Se va a abrir el plazo de prueba de cargo y descargo y de oficio, donde, con el derecho que les asiste, podrían tomar estos elementos de acuerdo al régimen orgánico de la Función Legislativa, el marco constitucional y, sobre todo, garantizando el debido proceso en el mejor sentido de la palabra”.
Hay un atisbo de esperanza para los interpelantes: los miembros de la Comisión pudieron haber dicho cualquier cosa. Roberto Gómez quedó convencido de que la Comisión está de acuerdo en tratar el tema de los hospitales. Pero los audios sugieren que podría ocurrir exactamente lo contrario. Si a la hora del té resulta que el único tema del juicio político es Octubre, la derecha tendrá que decidir si quiere o no ser comparsa de mariateguistas, correístas y golpistas.
EL DETALLE
Cargamontón. En los minutos finales, los miembros de la Comisión se dedicaron a arrastrar a Romo por su pretensión de hacer presencial el juicio.