Las cárceles, en emergencia, tienen un déficit de más de 3.000 guardias
◗ Se ha alargado un mes más la declaratoria en los centros de privación. ◗ Un informe del SNAI recoge las necesidades y pide mayores dotaciones.
Desde 2019, el sistema penitenciario del país ha permanecido en estado de excepción durante seis meses, a través dos declaratorias y dos ampliaciones. Pero esas medidas urgentes, que implican la movilización de las fuerzas del orden, no resuelven hasta ahora los problemas de violencia, corrupción, hacinamiento e infraestructura que se viven en las cárceles.
La seguidilla de muertes violentas e incidentes que han alterado el orden en el interior de algunas prisiones obligó al Ejecutivo, el pasado 10 de octubre, a continuar con la emergencia para reforzar los controles.
En casos de corrupción se han visto involucrados hasta los mismos funcionarios del sistema carcelario. Hace pocas semanas fue detenido Héctor Reyna, director de la Penitenciaría del Litoral, tras el hallazgo de un video en el que se ve conversando mediante videollamada con Shy Dahan, el israelí vinculado a Jacobo Bucaram que fue asesinado dentro de la cárcel.
En tales circunstancias, conseguir una efectiva rehabilitación y reinserción social se torna cuesta arriba para el organismo que, desde 2018, administra las cárceles, el Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Sobre el estado de excepción vigente, la entidad señala a EXPRESO que hay proyectos que se están desarrollando “y que han permitido
retomar la seguridad dentro de los centros de privación de libertad”. Agrega que las acciones tomadas han permitido reducir notablemente los hechos violentos.
La entidad publica algunos resultados de su gestión en su informe narrativo de rendición de cuentas de 2019. En ese documento expone como la falta de personal para la seguridad penitenciaria, donde existe un déficit de 3.153 agentes. Según el SNAI, en 2019 se necesitaban 4.642 guardias, pero solamente se contaba con 1.489 colaboradores (a octubre de ese año).
Asimismo, el hacinamiento de presos continúa siendo conflictivo. La población carcelaria, en promedio, es de 39.569 personas privadas de la libertad frente a 29.463 plazas disponibles que tiene la capacidad instalada del sistema penitenciario. Es decir, hay un hacinamiento del 34,30 %.
Consultado por este Diario, Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, opina que la emergencia carcelaria será en vano si no se asignan los recursos necesarios para mejorar los controles, sobre todo en los centros más grandes.
“Hay que invertir en tecnología, en armamento no letal para los guardias, en cámaras de seguridad para los filtros de entrada y los pabellones de las cárceles”, detalla.
Explica que el déficit de guías penitenciarios se puede suplir con tecnología. “No vamos a tener nunca un guardia por cada 10 presos, como lo pide la técnica. Si no hay esos elementos, esto no tiene ninguna solución, porque con el hecho de que los militares estén alrededor de los centros carcelarios, no se gana absolutamente nada”, enfatiza.
Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social y analista de temas de seguridad, estima que los estados de excepción no contribuirán a solucionar los problemas de fondo.
“Si se tiene problemas de hacinamiento, seguridad, corrupción, lo que hay que hacer es refundar el sistema y empezar de cero con nuevos instrumentos, por ejemplo, con la creación de una escuela penitenciaria y la formación de directores penitenciarios”, ilustra.
Según el experto, la prioridad es reducir el número de reincidencias, del hacinamiento y, sobre todo, de los niveles de violencia que existen en las cárceles ecuatorianas.
EL DETALLE
Fondos. En 2019, el SNAI ejecutó un presupuesto de $ 90,3 millones. La demora en los tiempos de asignación de recursos es un nudo crítico, según el ente.