Propuesta de ordenanza por agresión a informal
Se prevé conocer el 29 de octubre la sentencia por el delito de odio
La agresión a una mujer con discapacidad, dedicada a la venta informal de productos, impulsó a la Defensoría del Pueblo a estudiar una “ordenanza modelo” para presentarla a todos los municipios, a fin de regular este tipo de trabajo, reveló su titular, Freddy Carrión, quien considera que los municipios deben sensibilizarse ante la situación que enfrenta el país, pues la crisis económica, agravada por la pandemia del coronavirus, ha provocado un aumento del trabajo informal.
Sobre la agresión que sufrió el pasado martes la comerciante informal cerca del Municipio de Durán, indicó que la Defensoría del Pueblo ha interpuesto medidas que deberá cumplir ese Cabildo. Entre ellas, el acompañamiento psicológico para la víctima, la separación de la funcionaria involucrada y que el Municipio otorgue un empleo formal a la vendedora para reivindicar sus derechos.
El pasado miércoles, la Fiscalía informó que investiga el caso por supuesta tortura y abuso de autoridad contra la mujer que fue amarrada a un poste y sufrió otras vejaciones, según se muestra en un video que se viralizó en redes sociales y que ha generado indignación en el país.
El Ministerio Público avanzó que inició “de oficio” una investigación previa por ese suceso ocurrido en Durán, donde personal del Municipio “habría violentado procedimientos, agrediendo y humillando a una comerciante con discapacidad”. Señaló que dos personas sospechosas de haber participado en el hecho han sido detenidas para investigaciones.
El alcalde de Durán, Dalton Narváez, presentó una denuncia en la Fiscalía contra la ahora exagente municipal, involucrada en el caso contra la mujer que sufre de una discapacidad auditiva y de lenguaje.
Según se puede observar en el video, la mujer fue atada con cinta adhesiva a un poste metálico de una edificación, donde fue sometida a vejámenes en un hecho en el que se observa a la exagente y otro sujeto que le echó agua en el rostro.
“Mi hermana permaneció treinta minutos atada, la dejaron sola, nadie la ayudó, pudo quedarse así hasta la noche, gracias a Dios ella misma pudo liberarse pero, sinceramente, no sabemos cómo lo logró”, dijo Dayana Talledo, hermana de Grace, la víctima.
Según Yolanda Rivera, abogada de la víctima, tras la audiencia de formulación de cargos, se prevé conocer el 29 de octubre la sentencia por el delito de odio que es penado con uno a tres años.
La ordenanza busca regular el trabajo informal sin violentar los derechos humanos. FREDDY CARRIÓN defensor del Pueblo