Una vía para salvar a las niñas de la ablación
En Portugal, a través de la educación, se busca proteger a las menores de ser víctimas de la mutilación genital femenina
La educación y la sensibilización son herramientas fundamentales para proteger a más de 6.000 niñas en riesgo de ser víctimas de la mutilación genital femenina en Portugal, donde por primera vez se acaba de dictar una condena en un tribunal por un delito de ablación.
La ablación, “escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos” según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue declarada ilegal en 1948, pero eso no impide que comunidades minoritarias mantengan su práctica en países de la Unión Europea como Francia, con 125.000 víctimas, o Alemania, que suma 70.218, de acuerdo con un estudio de la Red Europea contra la mutilación (End FGM).
En Portugal, “trabajamos con 6.000 niñas en riesgo de ser mutiladas”, explicó Sonia Duarte Lopes, coordinadora en Lisboa de la Asociación de Planificación Familiar en Portugal (APF) y miembro de End FGM. En el caso portugués, el problema requiere especial atención debido a la relación con Guinea-bisáu, “una antigua colonia en la que la mitad de la población es musulmana y donde se practica la ablación”.
El tema ha cobrado relevancia en Portugal en estos días por la condena a 3 años dictada contra Rugui Djaló, una madre de 20 años de edad que, durante un viaje a Guinea-bisáu junto a su hija, ahora de 3 años, permitió que se le practicase la ablación y le provocó “lesiones y secuelas permanentes”, según fuentes del Ministerio Público portugués.
La acusada, que además deberá pagar 10.000 euros (12.224 dólares) de indemnización a la menor, sostuvo durante el juicio que daría su vida por la de su hija y que no permitió que se le practicase mutilación ni daño alguno.
Conocer el contexto y comprender que para algunas culturas
se trata de rituales que alejan a las víctimas del ostracismo social, es vital para informar, sensibilizar y acabar con la ablación, sostienen los expertos. En los últimos años, el registro oficial de casos en Portugal ha aumentado, pasando de 40 en 2014 a 129 en 2019, y 63 a mayo de 2020, según datos de la Secretaría de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad.
“Aunque los registros están aumentando esto no quiere decir que el número de casos esté creciendo” señaló Duarte, sino que “ahora es posible identificar a las víctimas, lo que es una buena noticia”, ya que, al estar registradas en el sistema nacional de salud, “es posible trabajar con ellas”.
Evitar la mutilación no es tarea fácil porque se practica “a escondidas” y las víctimas “no quieren hablar”, explicó Laura Remartines, directora y fundadora de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos.
En su opinión, se trata de “un problema de salud pública, no solo cultural” y el hecho de que un caso llegue a juicio, como acaba de ocurrir en Portugal, es “muy bueno” porque “traerá a la luz un problema real que, si no se actúa, no acabará jamás”.
“El Gobierno portugués debería intensificar las explicaciones en las escuelas, contar lo que pasa”, defendió.
Los gobiernos deben invertir en prevención, educación y sensibilización.
HAYAT TRASPAS
Activista