Observaciones a leyes para regular la práctica del lobby
Tres proyectos están en análisis en la mesa de Participación Ciudadana
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional recibió a Freddy Carrión, defensor del Pueblo, y a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que expongan sus observaciones a los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés, Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos, y Ley que Regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas, informó la Asamblea.
A criterio de Carrión, estos proyectos pretenden trasparentar una actividad que ya se da en el país, pero que necesita ser regulada. Plantean, según dijo, un mecanismo para evitar y sancionar prácticas corruptas y recalcó que la regulación permitirá controlar a los lobistas para que no incurran en dichos procedimientos.
Además, destacó que el proyecto que Transparenta y Regula el Lobby tiene mucha similitud con la ley chilena, en ese caso, al ser realidades diferentes la normativa sería de difícil aplicación, precisó. En otro aspecto, puntualizó que se debe conocer cuál es el beneficio y la utilidad de la ley para saber si beneficia el interés común o a un solo grupo de lobistas.
Recomendó que estos tres proyectos sean integrados en uno y se defina lo que se considera tráfico de influencias de aquel trabajo legítimo y legal. Así mismo, sugirió incorporar lenguaje inclusivo con enfoque de género.
Mientras tanto, Espinel centró su análisis en el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés. Dijo que la norma permitirá transparentar la actividad de los actores estatales y no estatales, en torno a las decisiones públicas y “emparejar la cancha” entre diversos actores para acceder a las autoridades y participar en los procesos de creación y adopción de políticas públicas.
A la vez, mencionó que será posible potenciar la transparencia, rendición de cuentas y control social, así como la prevención de la corrupción.
Durante su ponencia manifestó que la norma contempla la prohibición de efectuar gestiones de interés para las autoridades durante sus funciones, y dos años después de haberlas concluido, en materias directamente relacionadas a estas. Además, establece que los servidores públicos, por un periodo de dos años contados a partir del término de sus funciones, no podrán prestar servicios gratuitos o remunerados, adquirir participación en entidades privadas o celebrar contratos públicos en áreas con relación directa a las funciones que desarrolló en el ejercicio público.
Una vez concluida su intervención la sesión fue clausurada.