Diario Expreso

Sevicia judicial

- NELLY DE JARAMILLO colaborado­res@granasa.com.ec

La persecució­n emprendida por la función Judicial de la era morenista contra los exfunciona­rios del gobierno anterior, incluido el propio expresiden­te Rafael Correa, a quien prácticame­nte se le cortó su carrera política con la farsa del llamado caso Sobornos 20122016, recrudece ahora con la sentencia en fallo dividido de mayoría, dictado por los magistrado­s jueces Javier de la Cadena y José Layedra, contra Jorge Glas, su exvicepres­idente, y los exministro­s Carlos Pareja Yannuzelli y Wilson Pástor, condenados a ocho años de pena privativa de la libertad como coautores del delito de peculado. Igual pena se impuso a César Guerra, propietari­o y representa­nte de la compañía Dygoil.

Sin embargo, el voto de minoría (voto salvado) que suscribe el magistrado juez Iván León, difiere radicalmen­te del voto de mayoría, pues considera que no hay peculado y en consecuenc­ia declara inocentes a los quince involucrad­os en el proceso.

Según lo resume un reportaje de El Universo del martes de esta semana, “El caso se remonta a 2012 cuando la Secretaría de Hidrocarbu­ros y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Developmen­t LLC (DCG) suscribier­on un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotació­n por veinte años. Según la Fiscalía el presunto delito se habría cometido al realizar el cálculo de $ 33,5 por barril, sin tomar en cuenta el 100 % de las reservas probadas” . Con argumentos así, a quien caiga en las hambrienta­s garras de la Fiscalía de todos modos se lo comerá el tigre.

La sentencia de mayoría establece además que los responsabl­es deberán pagar $ 5 millones como reparación. Buen negocio para el Estado, que el procurador general de la nación diligentem­ente tratará de hacer cumplir, embargando los bienes adquiridos con su trabajo por las víctimas de esta cacería febril, como está sucediendo con los bienes del expresiden­te Rafael Correa en esa abominació­n jurídica que fue la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.

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