México: el caso de Odebrecht va hacia la impunidad
En México, la falta de transparencia y de novedades marca la investigación ❚ La trama involucra a Emilio Lozoya, ex de Pemex, detenido hace un año en España
Sin transparencia en los beneficios al exgerente de Pemex, la instrucción acecha pero no llega a la cúpula política.
Emilio Lozoya, quien fue director de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016, fue detenido hace un año exacto en una urbanización de lujo cerca de Málaga, España. Desde entonces se ha engrosado el expediente que involucra a uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.
El caso, una ramificación de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, se desarrolla desde hace meses entre escasa transparencia y la polémica causada por los beneficios otorgados al político a cambio de colaborar con la justicia. Con estas premisas, cunde el temor de que el escándalo de corrupción, con repercusiones en los equilibrios políticos de México, quede impune.
La instrucción entró en una nueva fase el 28 de julio, cuando España extraditó a Lozoya. El exdirectivo llegó a su país e ingresó alegando una anemia y problemas de esófago en una clínica privada, desde donde participó en la primera audiencia por videoconferencia.
El Instituto mexicano de Transparencia y Acceso a la Información ordenó el pasado miércoles a la Fiscalía hacer público el parte médico que evitó que Lozoya pisara la prisión en el caso que se le sigue por cohecho y lavado de dinero.
Las autoridades lo vinculan también con otros pagos irregulares de la siderúrgica Altos Hornos de México y de empresas relacionadas con la constructora española OHL, como reveló El País recientemente. Aquel día, Lozoya solicitó una figura conocida como criterio de oportunidad que, en la práctica, lo convirtió en una suerte de testigo protegido. Desde entonces no ha pisado un juzgado.
A cambio de beneficios y de seguir el proceso en libertad, Lozoya contó a la Fiscalía que la trama de corrupción en la que supuestamente participó llegaba a lo alto de la cúpula del Gobierno de Peña Nieto. Acusó al exmandatario y a uno de sus hombres más leales, su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, quien supuestamente recibió y destinó unos 500 millones de dólares a la campaña electoral del PRI de 2012 y a la compra de votos de congresistas de la oposición para asegurar la aprobación de la polémica reforma energética, que abría el sector a las empresas privadas después de décadas de política nacionalista. También implicó en la trama a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
La información pública del caso se administró con cuentagotas, con filtraciones y declaraciones veladas del fiscal general, Alejandro Gertz, quien hace diez días aseguró en un encuentro con senadores del PAN que el proceso sigue su curso y el exdirector de Pemex será juzgado.
Desde principios de diciembre, sin embargo, no hay información que indique que el caso avanza. A finales de enero, la Fiscalía pospuso la audiencia del exsenador Jorge Luis Lavalle, a quien Lozoya ha acusado de haber recibido sobornos. Lavalle rechaza las acusaciones, a pesar de que uno de sus colaboradores admitió aparecer en unos videos en los que recibe fajos de dinero en efectivo.
La opacidad es uno de los mayores motivos de preocupación en torno al caso. La plataforma de abogados Tojil y Transparencia Mexicana enviaron el 9 de julio una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, días después de que España extraditó a Lozoya a México. Las organizaciones exigieron apertura en un caso que se ha convertido en la bandera de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el Consejo de la Judicatura dispuso restricciones adicionales, obligadas por la pandemia, a las audiencias iniciales.
De poco sirvió. La Judicatura informó de las únicas audiencias de Lozoya en México por un grupo de Whatsapp. También fueron descartadas solicitudes al juez y amparos, indica la abogada Adriana Greaves, de Tojil, quien cuestiona que se concediera a Lozoya la oportunidad de colaborar con la justicia. La jurista considera crucial enmarcar el proceso en el conjunto del caso Odebrecht, que infiltró y sobornó (o al menos trató de hacerlo) a decenas de administraciones en toda América a cambio de concesiones y contratos. Desde que se conoció la dimensión del escándalo, entre finales de 2016 y principios de 2017, las investigaciones han provocado auténticos terremotos políticos en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. México corre el riesgo de convertirse en una excepción.
LA CIFRA 500 MILLONES supuestamente recibió y destinó Luis Videgaray a la campaña electoral del PRI de 2012. EL DETALLE Los fiscales han sugerido que están dispuestos a suspender los procesos en contra de Lozoya antes del 7 de marzo si este aporta pruebas para sostener sus acusaciones.