Consenso necesario para asegurar la gobernabilidad, la democracia y justicia
El escenario que presenta el Ecuador de hoy para el próximo gobernante representa un serio desafío. Las cifras y condiciones no son halagadoras.
El desempleo, 6,6 % según el INEC, esto es, más de un millón de desempleados. Apenas 32,1 % con empleo adecuado. Una tasa de pobreza multidimensional (salud, educación y nivel de vida) de 38,15 y con relación al ingreso, de 25 %.
La actividad comercial: en el período enero a junio de 2020, según datos de la Superintendencia de Compañías, 676 empresas registradas entraron en proceso de cierre y liquidación. Se calcula que este número se triplicaría si se consideran los negocios pequeños no registrados en el ente rector. Esto se evidencia en las cifras de desafiliaciones contributivas, que llegan a casi 300.000.
La producción total, medida por el PIB, tiene que recuperarse de una caída del 9,6 %.
Deuda total, cercana al 65,5 % del PIB (a diciembre de 2020). Déficit fiscal, en el Sector Público No Financiero (SPNF), en el 2020 cerró en $ 7.324 millones. Para este año se prevén $ 2.813 millones. Caída en recaudaciones tributarias en un 20,1 %.
Políticamente, una democracia frágil, una sociedad dividida y en confrontación peligrosa. Además, inseguridad y aumento delictivo, que mantienen a la ciudadanía en un estado de indefensión y atemorizada.
En relación a la inseguridad interna, domina el crimen, lo que se evidencia con la tasa de muertes violentas, la misma que ha subido de 6,8 a 7,7 por cada 100.000 habitantes. Frente a esto, un sistema judicial que no goza de confianza.
Existe una sola vía para enfrentar estos graves problemas que atentan contra la estabilidad económica, social y política del país: dejar de lado intereses partidistas. En otras palabras, comprometerse, independientemente de las ideologías de trastienda en pro de la preservación de la democracia. Debe existir una agenda de consenso y gobernabilidad a fin de evitar un caos económico que conduciría a una crisis social y política. Por otra parte, este acuerdo debe dar prioridad a un sistema económico coherente con la necesidad de crear empleo, reactivar la actividad empresarial, con una mejor redistribución de la riqueza y justicia social y con una verdadera racionalización del gasto público.
¿Qué medidas y políticas debería incluir ese consenso? Mantener la dolarización a toda costa. La confianza de la ciudadanía en una moneda es vital para la estabilidad económica. El poder adquisitivo del salario no se deteriora, lo que tiene un impacto social, financiero y psicológico.
Reformas a los mercados de bienes y servicios, los mismos que son de estructura monopólica-oligopólica, generando falta de competencia interna e incentivando precios altos. Para esto se requiere promover la creación de nuevas empresas, reduciendo tramitología y con
un sistema impositivo racional. Además, libre entrada y salida de capitales y creando las condiciones adecuadas para la inversión extranjera en sectores generadores de gran volumen de plazas de trabajo, tales como agricultura, servicios (turismo), financiero (entrada de banca foránea). Esto se traduce en mayores plazas de empleo y estabilidad de precios.
La sostenibilidad del IESS es imperativa. Debe cambiarse la política de representación del Directorio y que sea manejada esta entidad como una verdadera empresa, evitando el desperdicio de recursos debido a una pésima gestión financiera y administrativa. Debe priorizarse la recaudación, con severas sanciones para las moras repetitivas y establecer un sistema de transparencia de información.
Debe fijarse un tope para el gasto corriente y para el de inversión medir la eficiencia de la ejecución presupuestaria por la calidad de obras y no por el porcentaje de ejecución. Es vital medir adecuadamente el costo económico y la tasa de rentabilidad social. Esto evitará la construcción de obras, por ejemplo, como ha sido el caso de aeropuertos que hoy permanecen cerrados.
Es urgente una racionalización de las tasas impositivas y de las políticas de incentivos, de los beneficios tributarios y de los subsidios. La presión fiscal se ubica en 21,3 aproximadamente (recaudación tributaria en relación al Ingreso Nacional Bruto). Ante mayores tributos, mayor el grado de evasión y elusión.
Priorizar el tema de la educación en todos sus niveles. Deben establecerse políticas que contribuyan a ampliar el radio de enseñanza - aprendizaje, el espectro tecnológico y el uso de las TIC en los sectores periféricos, desatendidos durante décadas. La inversión en la educación se traduce en un fortalecimiento de una democracia en un país.
La política sanitaria es otro de los ejes de desarrollo económico. Este es un punto equidistante de la gobernanza, que se desatiende en franco irrespeto constitucional. La pandemia evidenció el fracaso del sistema de salud. Se requiere ampliar a infraestructura y la cobertura.
También están las políticas a favor de la Seguridad Ciudadana y contra la criminalidad. Este accionar va concatenado a todas las funciones del Estado. Así se evita tanta corrupción, delitos comunes y crimen organizado. El fortalecimiento de la Policía Nacional es imperativo.
Si no hay un acuerdo para lograr estos objetivos, sencillamente el deterioro se acelera y entramos en una anomia total.
EL DETALLE
Sistema judicial. Se requiere brindar confianza a la ciudadanía de que existe un sistema íntegro, que garantice un proceso limpio, justo, expedito y transparente.